La conocida como abuela de Fuerteventura, Josefa Hernández, que el pasado mes de agosto ingresó en la prisión de Tahíche (Lanzarote) por haber edificado parte de su vivienda en un espacio natural protegido del municipio de Betancuria, está obligada a demoler esta ampliación de su casa  antes del próximo 28 de febrero. Sin embargo, aunque su intención es cumplir con la sentencia, su abogado, José De León, ya ha informado y presentado al juzgado los recibos que muestran que carece de recursos para derribarla.

La sexagenaria, que tiene cinco personas a su cargo (una hija con discapacidad, un hijo desempleado y tres nietos), se encuentra residiendo en una vivienda facilitada por el Ejecutivo canario de manera temporal en la capital de la isla, en Puerto del Rosario. Este hecho se produjo después de que la Audiencia de Las Palmas se adelantara al indulto del Gobierno y la pusiera en libertad a finales de agosto.

Josefa Hernández, aunque se siente agradecida con que le hayan buscado esta solución tiene ansias por volver a su casa y a su municipio, relata su hija Minerva Zerpa. No obstante, asegura que los miembros de esta familia están "intranquilos", ya que la zona del domicilio que quede en pie necesitará ser rehabilitada para poder vivir.

El presidente del Cabildo de la isla, Marcial Morales, señala que los técnicos elaboraron y entregaron el pasado mes de enero un proyecto que ha resultado muy "laborioso", en el que se ha tenido en cuenta no sólo el derribo en sí de un ala de la vivienda sino que el lado que no invade el espacio natural pueda ser habitable y quede reforzado. Además, asegura que desde el Gobierno insular están dispuestos a colaborar en lo que puedan con el Ayuntamiento de Betancuria.

Zerpa aclara que esta parte que quedaría intacta cuenta con 70 metros cuadrados, pero que carece de baño y que los techos están en mal estado, puesto que el invierno de 2007 causó desperfectos en él. Fue por este motivo por el que se construyó el anexo de madera, que sin saberlo en aquel momento, se asentaba sobre ese lugar protegido, explica la hija de Hernández.

Una sentencia firme obligó a Josefa Hernández a demoler esta habitación y a pagar 700 euros de multa. La mujer pagó este dinero, pero llegó a alegar que no había podido derribar su casa por carecer de otro lugar donde vivir y por no tener posibilidades de pagar un alquiler. De hecho, cabe recordar que la familia vive con un total de  740 euros al mes; la pensión de esta anciana que es de 320 euros y la prestación por desempleo de uno de sus hijos, que suponen 420 euros.

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