La imputación del interventor de Arrecife, Carlos Sáenz, y de la jefa de contratación del Ayuntamiento cuando se desató el caso Unión, Elena Martín, hija del fundador del PIL, está relacionada con contrataciones a cinco empresas que superan los 1,6 millones de euros.

En concreto, se investiga casi 1,2 millones contratados a la empresa Infogelan, otros 285.000 euros a Estudio de Arquitectura La Palmita, 84.000 euros a Construcciones y Reparaciones Reina, 50.800 euros a Jesús Manuel Martín Brito y 12.100 euros a Antonio Gómez Ruiz.

El fiscal Javier Ródenas señala que “concurren indicios de criminalidad por el delito de prevaricación y/o malversación de caudales públicos respecto de los concejales y técnicos municipales que validaron la contratación” de las empresas y profesionales citados.

Los pagos del Ayuntamiento a estas empresas han sido auditados por la Audiencia de Cuentas de Canarias, que entregó su informe el pasado 20 de marzo. En la investigación del caso Unión han salido a relucir supuestos pagos de comisiones para recibir contratos del Ayuntamiento de Arrecife.

El fiscal entregó este lunes una petición para que se citase como imputados a Carlos Sáenz y Elena Martín, así como a las trabajadoras municipales Yoana Cabrera y Loyola Hernández, del área de Parques y Jardines, y el mismo lunes la jueza aceptó la solicitud, citándolos para el próximo 25 de abril.

La Fiscalía aprecia que tanto el interventor como las dos trabajadoras adscritas a la Concejalía de Parques y Jardines, en manos del PIL en 2009, cuando estalló el caso Unión, habrían podido incurrir en posibles delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

El fiscal destaca de Elena Martín, jefa de contratación del Ayuntamiento “al tiempo de los hechos”, que también ha podido incurrir en un posible delito de prevaricación y de otro de malversación “por la aprobación de los contratos” con las empresas citadas “en manifiesta contradicción con el derecho”.

Revelación de información

“Igualmente”, añade, “deberá recibírsele declaración judicial en calidad de imputada por los indicios existentes” sobre un delito por “revelar la información de la que tenía conocimiento por razón del cargo que ostentaba”.

Para el fiscal, pudo facilitar “pliegos de condiciones de contratación a particulares interesados en licitar con el Ayuntamiento, informaciones de empresas, prescripciones técnicas de los procesos de licitación en curso, etc.”

La Fiscalía considera que Elena Martín también pudo revelar "innumerable información" a Dimas

Así, habría vulnerado “de manera flagrante el deber de sigilo impuesto por razón del cargo ocupado en la Corporación municipal, del que existen indicios de su quebranto poniendo al servicio de personas ajenas al Ayuntamiento (su padre, el también imputado Dimas Martín Martín) innumerable información”.

Una información, añade, que “era reservada no sólo para preservar la transparencia y libertad de concurrencia en el ‘delicado’ sector d e la contratación municipal con el consiguiente perjuicio para tercero, sino que le era exigible por la propia función pública desempeñada”.

Pieza número 12

Las imputaciones se producen en el marzo de la pieza número 12 del caso Unión, en que están imputados Dimas martín, su antigua mano derecha en el PIL, Matías Curbelo, y los ex concejales José Miguel Rodríguez, Ubaldo Becerra, Luisa Blanco y Antonio Machín.

El fiscal destaca que se investiga “la posible trama corrupta que anidaba en el Ayuntamiento de Arrecife bajo asociación ilícita” o “coparticipación delictiva”, consistente en prácticas como la prevaricación, el cohecho, el tráfico de influencias o la malversación de caudales públicos.

El fiscal destaca el "corrupto proceder" bajo "el poder omnipresente" del fundador del PIL

“Se han ido recabando en la laboriosa instrucción múltiples indicios de sesgo incriminatorio respecto de los que se proyecta un espectro de ilicitud bajo el corrupto proceder de los dirigentes públicos, cohesionados por la pertenencia al Partido de Independientes de Lanzarote, bajo el poder omnipresente de quien fuera el fundador de la formación política”.

Considera que Dimas Martín “se valdría de los concejales del grupo PIL para la obtención de fondos irregulares con los que atender la financiación de su partido político y además enriquecerse con las cuantiosas comisiones exigidas a los empresarios como medio para la adjudicación de obras y contratos con las Corporación local”.