El ex alcalde de Teguise, Juan Pedro Hernández, ha reconocido este martes en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en el primer juicio del ‘caso Yate’ que cometió un delito de prevaricación urbanística en la concesión de licencias ilegales para la construcción de hoteles en Costa Teguise.

Hernández admitió la comisión de un delito de prevaricación urbanística continuado al otorgar casi 1.800 plazas turísticas ilegales y se conformó con la pena solicitada por la Fiscalía y la acusación popular, que en la vista oral concluyeron que el ex alcalde debía ser condenado a nueve años de inhabilitación.

La inhabilitación se extiende a cualquier tipo de cargo público para la administración local, autonómica o estatal. Hernández ya tenía una condena por inhabilitación que se ceñía al cargo de alcalde.

Además, Juan Pedro Hernández ha aceptado una condena de 18 meses de multa a razón de 10 euros por día, lo que eleva la cantidad que tendrá que desembolsar a 5.400 euros de sanción, además de correr con las costas del procedimiento judicial.

Al conformarse con la pena, el ex alcalde ha reconocido que dictó a sabiendas de su ilegalidad licencias urbanísticas para la construcción de 1.800 plazas turísticas en la localidad de Costa Teguise.

El caso Yate se originó a raíz de una denuncia del socialista Carlos Espino en noviembre de 2006. Espino entonces era consejero en el Cabildo de Lanzarote y secretario de Organización del PSOE de Lanzarote. La parte del caso Yate que afecta a Yaiza, con penas de prisión de hasta 25 años para el ex alcalde, José Francisco Reyes, está pendiente de juicio.

La acusación popular solicitaba cuatro años de cárcel y 20 años de inhabilitación, si bien en la vista oral celebrada este martes, que apenas duró unos minutos, modificó sus conclusiones y coincidió con el criterio de la Fiscalía.

Hoteles ilegales

Juan Pedro Hernández reconoció que delinquió al dar licencias de construcción de 1.786 plazas turísticas ilegales: las 599 de un hotel de la empresa Armadores de Puerto Rico y las 461 de los apartamentos Club del Rey, ambos complejos próximos a la residencia real de La Mareta.

También reconoció que prevaricó al dar la licencia de un hotel de 600 plazas al lado del hotel Playa Verde y por 48 apartamentos de Residencial Las Colinas. Todas estas licencias fueron anuladas por los tribunales por recursos presentados por el Cabildo y la Fundación César Manrique.

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