Las declaraciones de tres de los acusados, Plácida Guerra, Rafael Elorrieta y Luisa Blanco, ante la Audiencia Provincial, se han iniciado con un monólogo del fiscal Javier Ródenas, que ha emitido sus preguntas ante la Sala aunque los tres acusados se habían negado previamente a contestarlas, y sólo han respondido las cuestiones planteadas por sus propios abogados.

De esta forma, ante Luisa Blanco, el fiscal ha expuesto que la ex edil en el Ayuntamiento de Arrecife llegó a declarar que Batllori sólo había hecho “dos o tres visitas y diez o doce llamadas” o que sólo hizo consultas verbales como la duda de si “los policías locales debían o no llevar guantes”. A las preguntas de su abogada, Juana Fernández, Blanco señaló que ella no tenía competencias delegadas y que no podía firmar contratos.

A Blanco se le acusa de haber aprobado el pago de varias facturas cobradas por Batllori. Dijo que necesitaba a alguien que asesorara en Recursos Humanos y que Batllori hizo esa labor, además de hacer una valoración jurídica de la gran cantidad de quejas del personal municipal.

A Plácida Guerra, ex consejera delegada de la empresa pública Inalsa, el fiscal también le planteó cómo era posible que Batllori fuera contratado por Elorrieta, entonces gerente de la compañía, si éste fue contratado en mayo de 2008 y Batllori cobró ya por el mes de marzo, así como que una factura fue pagada incluso antes de ser presentada.

Guerra dijo que ella conocía a Batllori porque “en Canarias todos los cargos públicos acabamos conociéndonos” y que buscaba una persona que marcase las estrategias en Recursos Humanos y se le encargó la posibilidad de llevar a cabo un expediente de regulación de empleo. También dijo que los trabajos encargados a Batllori no se culminaron porque explotó la operación Unión.

El fiscal cuestionó que a Batllori se le contratase en Inalsa verbalmente cuando esta prohibido

La ex consejera de Inalsa pintó un panorama desastroso de la empresa y señaló que en ese escenario era imprescindible tener un asesor con el perfil de Batllori, para que se reuniera con Unelco, con Industria, con gestiones del concurso eólico o del concurso de acreedores, y que él planteó denunciar el convenio colectivo, “que impedía la movilidad de los trabajadores de un departamento a otro”.

Por su parte, Rafael Elorrieta, yerno de Dimas Martín, señaló que cuando llegó a Lanzarote contratado por Inalsa no conocía a nadie en la Isla, y que su relación con la hija de Dimas fue posterior.

Elorrieta destacó algunas de las gestiones realizadas por Batllori, en reuniones con distintos organismos, además de hacer estudio para ver cómo se reducía la plantilla de Inalsa, entre otras. El fiscal le dijo que cómo era posible que autorizara un contrato de tipo verbal si la ley prohíbe ese tipo de contratación.