El ex consejero de los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote, Carlos Espino, declaró esta miércoles por la mañana en calidad de investigado ante el Juzgado de instrucción número 3 de Arrecife, por la querella que presentó contra él el consejo de administración de la entidad en el año 2010 por presuntas irregularidades en su gestión.

En la querella se denunciaban contrataciones de una página web, un asesor, una cocina para Jameos del Agua y un proveedor. A la declaración, que duró más de dos horas, asistió la abogada de los Centros y el abogado de la asociación Jiménez de Asúa, que ejerce la acusación popular. La Fiscalía no acudió a la declaración.

La de este miércoles es la primera declaración de Espino desde hace unos seis años en la causa, que ha asumido al Juzgado número 3 después de que el Juzgado número 4 se inhibiera y renunciara a seguir instruyendo otro procedimiento iniciado tras una denuncia de Pedro San Ginés por hechos similares ante la UCO, cuando se estaba en marcha la operación Unión.

Este miércoles, Espino aseguró, respecto a la cocina, que se contrató a la oferta más barata, a la empresa Climafrical, y no a la más cara, como se decía en la querella, ya que las otras dos ofertas no habían sumado el IGIC. También señaló que hubo incrementos sobre el precio inicial porque el proyecto original no contemplaba algunas exigencias desde el punto de vista de medidas de sanidad e higiene.

Asimismo, declaró que las características especiales de los Centros “condicionan la contratación” y hacen que algunas obras sean más caras. Como ejemplo, señaló que en Montañas del Fuego hubo que instalar la cocina en horario de tarde, encareciendo el coste laboral, para mantener abierto el Centro al público, y que ese tipo de circunstancias no las tuvieron en cuenta los peritos que contrató la empresa para hacer un informe que se adjuntó a la querella.

El juez Rafael Lis preguntó al ex consejero por su responsabilidad en la contratación y Espino aseguró que había una estructura administrativa que era la responsable y que la dirección política no intervenía en las contrataciones. Aseguró que todos pagos que se hacían estaban acompañados por otra firma además de la suya.

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