La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha acordado la inadmisión de la querella presentada contra el magistrado César Romero Pamparacuatro a raíz de su actuación en el 'caso Unión'.

En diciembre pasado, la 'Asociación de juristas Jiménez de Asúa' presentó una querella ante el TSJC contra el primer juez instructor del caso Unión por presunta falsedad en varios autos dentro de ese caso de corrupción.

Según indicaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia, la querella inadmitida a trámite también estaba dirigida contra José Ramón Vera Machín, el primer secretario del caso Unión, que estalló en 2009.

En la querella hacían referencia a unas resoluciones que el juez dictó en su periodo de vacaciones y que fueron visadas por el Minsterio Fiscal. Es un asunto que ya había resuelto la Audiencia Provincial de Las Palmas señalando que mientras no haya un sustituto designado el juez tiene plena jurisdicción y competencias.

Esa resolución se produjo dentro de una denuncia anterior contra el mismo juez y por los mismos hechos por parte de uno de los principales imputados del caso Unión, el abogado Luis Lléo, para quien la Fiscalía pide seis años de prisión por cohecho. La denuncia no fue admitida a trámite.

Lleó ha presentado cerca de setenta recursos en un intento de que se anulen todas las actuaciones del caso. No obstante, ya hay tres piezas de Unión que se han juzgado, dos con sentencia condenatoria y una a la espera de fallo, y a pesar de que en los tres juicios las defensas han solicitado la nulidad de las actuaciones, no se ha aceptado una solicitud.

La asociación que se querelló contra Pamparacuatro no se había registrado oficialmente hasta el pasado mes de noviembre, aunque ya en el mes de junio se intentó personar, con la instrucción casi terminada, en todas las piezas del caso Unión como acusación popular.

Rechazo a la recusación de la jueza Silvia Muñoz

Esta misma semana, la Audiencia Provincial de Las Palmas dio a conocer que ha rechazado la recusación de la jueza del caso Unión, Silvia Muñoz, solicitada por la misma asociación de juristas Jiménez de Asúa, a la que impone una multa de mil euros por “mala fe” y la condena a pagar las costas del procedimiento.

La jueza del caso Unión denegó la personación del citado colectivo, representado por el abogado Juan David García Pazos, en una de las piezas del caso de corrupción relacionada con la trama de cobro de comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Arrecife.

El citado colectivo recusó a la jueza y ahora la Audiencia Provincia considera en un auto notificado este lunes que la recusación carece “del más mínimo fundamento” y que las causas que invoca “en algunos casos ni siquiera han sido debidamente desarrolladas”.

Para la Audiencia, “la única finalidad” de la recusación planteada por la asociación Jiménez de Asúa “ha sido el de tratar de apartar de la causa a la instructora para dilatar su tramitación”. Una dilación, añade, que “incluso se logra” con el “mero hecho” de plantear una recusación “sin fundamento”.