A finales del año pasado comenzó la que debía ser la fase final del largo proceso de los hoteles con licencia anulada por la Justicia. Las licencias comenzaron a otorgarse en 1998, precisamente en el momento en que el Cabildo decidió suspender la concesión de licencias para tramitar la Moratoria. Han pasado 18 años y ese proceso aún no se ha cerrado a pesar de que la mayoría de las sentencias son firmes desde hace casi una década.

En todo este tiempo se ha avanzado poco en la ejecución de las sentencias. La sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias decidió primero esperar a que Yaiza tuviera un nuevo marco normativo, el nuevo Plan General de Ordenación, para saber si los hoteles se podían ajustar a ese documento que incluyó incentivos para convertir los posibles excesos edificatorios (que los hay) en zonas comunes, y subsanarlos.

Gracias a la inclusión de esos incentivos, que también se contemplaron en las Leyes de Modernización y de Armonización, la mayoría de los hoteles va a poder obtener licencia sin tener que derribar nada o haciendo unas obras de carácter menor. Este es el proceso que se inició hace un año, aproximadamente.

Los hoteleros debían presentar documentación visada por un arquitecto, tanto de sus proyectos como la realidad edificada, para comprobar si podían ser legalizables. En caso se obtener la licencia municipal, la sentencia se daba por ejecutada, ya que los fallos no decían que se derribaran los hoteles sino que el expediente volviera a su punto de partida y se comprobara ahora si era posible obtener licencia. El problema surge cuando algunos no han podido ni van a poder obtener licencia por sus excesos al construir o porque ocupan una zona de dominio público marítimo terrestre.

Casi todos los hoteles presentaron sus proyectos. En los casos en que se negaron, fue el Ayuntamiento el que midió y comprobó. El Cabildo también está informando dentro de este proceso porque es el que debe otorgar la autorización turística, antes de que el Ayuntamiento concluya el expediente.

El proceso de informar positiva o negativamente aún no ha finalizado para todos los hoteles. Hasta el momento se han legalizado el Hotel Costa Calero y el Rubicón Palace. Se ha negado la licencia al Princesa Yaiza, que va a presentar un proyecto modificado, al Papagayo Arena y al Son Bou y se están estudiando el Natura Palace y el Dream Gran Castillo. Este último también presenta problemas para obtener la licencia.

El Hotel Son Bou fue el primero y el que está más claro. En enero, la Junta de Gobierno de Yaiza comunicó, tanto al propietario como al TSJC que no cumplía, porque lo construido triplica lo que se podría permitir y ordenó la “demolición total de la edificación o la demolición parcial de la parte de la edificación que sea incompatible con la ordenación”.

La propiedad presentó un proyecto de demolición que, en la práctica, no demolía nada, al considerar que el edificio se adecuaría al nuevo Plan derribando los cerramientos de los pasillos para que en lugar de ser pasillos, pasaran a ser balcones y no computasen como superficie edificada.

También pedía cambiar la categoría del hotel de cuatro a cinco estrellas, y acogerse así a los incentivos de renovación, pero el hotel no está solicitando una renovación, sino una licencia, así que primero debería obtener la licencia y después intentar obtener el permiso de renovación para mantener el edificio en pie.

En todo caso, la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias podría informar si considera que se puede acoger o no a esos incentivos de renovación, tanto de oficio como a petición del Hotel interesado, que no lo pedirá porque si el resultado es negativo, se le complica mucho el futuro.

Desde entonces no se ha movido nada. Las opciones para ejecutar de forma efectiva la sentencia, es decir, la demolición, son cuatro, ordenadas de la menos a la más probable, en la práctica. La primera sería que el propietario lo hiciera voluntariamente. La segunda, que el Ayuntamiento decidiera ejecutar su propia resolución y le pasara después la factura del coste del derribo al propietario, algo que quizá haría si el hotel estuviera cerrado al público pero que no va a hacer mientras siga abierto.

El Ayuntamiento de Yaiza ya informó en abril de que el Hotel Son Bou no puede conseguir la licencia, y comunicó su decisión a los tribunales, que no se han movido desde entonces

La tercera, que la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias decidiera abrir un expediente sancionador que abocara al cierre al hotel ante la evidencia de que sigue abierto sin licencia y de que no la va a poder obtener. La consejera María Teresa Lorenzo, aseguró a Diario de Lanzarote que se estaban estudiando los casos y que no era descartable el cierre de algún hotel, pero no consta que se haya tomado ninguna decisión.

La cuarta es que el Tribunal que ha dictado la sentencia ordene su ejecución en los términos que considere oportunos. Los magistrados comunicaron a representantes de Yaiza y del Cabildo antes de que se iniciara este proceso que se pronunciarían sobre la ejecución de la sentencia, pero no antes, pero el Ayuntamiento ya ha terminado su trabajo, en varios casos, y la sala de lo contencioso administrativo del TSJC sigue sin pronunciarse.

El Hotel Son Bou recurrió la resolución municipal intentando abrir un nuevo procedimiento, cuando de lo que se trata es, precisamente, de cerrarlo, ya que las decisiones se están tomando en un proceso de ejecución de una sentencia ya firme. Por otra parte, la Fundación César Manrique, que logró la anulación de las licencias junto con el Cabildo de Lanzarote, no ha recibido ninguna nueva notificación de los tribunales. El proceso siguió su camino porque la FCM pidió la ejecución de las sentencias, ya que el Cabildo, después de ganar todos los casos decidió no pedir esas ejecuciones.

A la espera de que terminen los pleitos contra el Plan General

Es el Plan General de Yaiza el documento que permite que se esté dando el proceso de regularización (en los casos en los que sea posible) y es la misma sala de lo contencioso del TSJC la que debe decidir si el Plan es válido finalmente o no. Desde su aprobación, a finales de 2014, se presentaron unos 25 recursos contra el documento.

Algunos atacan elementos esenciales del Plan, como los presentados por Transparencia Urbanística o la Fundación César Manrique, y también, por otros motivos, fue impugnado por empresarios como Honorio García Bravo, Domingo Rodríguez Cedrés, los hermanos Domínguez, Juan Francisco Rosa, el arquitecto Ángel García Puertas o la propiedad del Hotel Papagayo Arena.

Otros los presentaron propietarios por cuestiones muy particulares que solo afectarían a una parte del Plan pero no a su totalidad. En algunos procedimientos se han celebrado vistas y en otros las partes ya han presentado sus conclusiones. Lo más probable es que las sentencias comiencen a conocerse en los primeros meses de 2017. En caso de que el Plan General sea validado, ya que actualmente el recurso de casación ante el Tribunal Supremo es muy complicado, el TSJC se quedaría sin argumentos para no tomar una decisión sobre los hoteles.