Con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria en Canarias, las grúas abandonaron el paisaje pero los conflictos, y algunas de sus consecuencias negativas, permanecen abiertos en los tribunales.

El Tribunal Supremo acaba de estimar un recurso de los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias y tendrá que decidir ahora si la sociedad Urena Mountain tiene derecho o no a recibir una indemnización de casi 19 millones de euros por no poder construir un hotel de cuatro estrellas en una parcela del plan parcial Montaña Roja (Playa Blanca).

El ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, otorgó una licencia a esta sociedad en mayo de 1999 para construir un hotel que, sin embargo, nunca llegó a construirse. Esa licencia fue recurrida por el Cabildo y la Fundación César Manrique y anulada con sentencia firme.

Sin embargo, la sociedad se acogió a la posibilidad de indemnización que le abría la Ley de medidas urgentes del Gobierno canario que permite compensar a los dueños de las parcelas de suelos urbanos y urbanizables destinados total o parcialmente a uso turístico que no se hubiesen edificado y que mantuviesen “sus derechos urbanísticos consolidados”. Esos suelos pasarían a ser rústicos y por tanto quedarían fueran del mercado urbanístico.

En abril de este año, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias daba la razón parcialmente a la empresa, con un voto particular en contra, tan sólo en el sentido de que podía reivindicar esa indemnización, pero le denegaba otra por los gastos ocasionados por la concesión de la licencia.

La sociedad Urena Mountain se quiere acoger a la desclasificación prevista en la Ley de medidas urgentes del Gobierno

El TSJC destacaba que la sociedad sabía que la licencia era ilegal y que este hecho era “más que patente” al existir informes “totalmente desfavorables” en el expediente. Ahora el Supremo será el que determine si cabe la posibilidad de indemnización.

Hay otras cinco sociedades de la Isla que solicitaron una indemnización después de que la Ley de medidas urgentes contemplase esta posibilidad. Urena también reclama 6,5 millones de euros al Gobierno por entender que se ha visto afectada por la Ley de Directrices de 2003.

Además, fue la sociedad que recusó primero y se querelló después contra dos técnicos de la Oficina del Plan Insular del Cabildo que hicieron informes contra su licencia.