El nuevo Parlamento canario deberá estar constituido antes del 23 de junio, y a partir de esa fecha los cambios no van ser sólo políticos. El escaño que ocupará en Teobaldo Power la alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, por Nueva Canarias, va a tener consecuencias en el caso Stratvs, en el que está imputada y por el que la Fiscalía le pide una pena de prisión de tres años y diez meses y diez años de inhabilitación para cargo público por dos delitos de prevaricación y prevaricación medioambiental, por permitir la apertura de la bodega y por no cerrarla posteriormente.

Cuando Acuña prometa su cargo pasará a ser aforada y a los aforados los tiene que juzgar el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), y no la Audiencia provincial de Las Palmas, como estaba previsto. Así que, como no se puede dividir el caso en dos, todos los acusados pasarán a ser juzgados por el TSJC.

El cambio no será automático, porque Acuña, o cualquier otra parte implicada, deberá comunicar su nombramiento, el Juzgado deberá pedir la certificación al Parlamento y después el TSJC deberá hacerse con la causa cuando se inhiba el Juzgado número 5 de Arrecife.

No sólo los jueces no serán los mismos sino que el caso también podría cambiar de fiscal. El que está asignado al caso, Ignacio Stampa, pertenece a la Fiscalía de medioambiente. Para que pueda seguir en el caso, la Fiscalía de Canarias y la de medioambiente deberán determinar si es conveniente o no que siga en el caso.

El TSJC tiene sus propios fiscales pero ya hay antecedentes, en otros casos en Canarias, en que el fiscal de medioambiente continúa ejerciendo la acusación a pesar de que la causa sube al TSJC. Por otra parte, el volumen de la causa no la hace atractiva para nadie que deba partir de cero.

La asociación Agonane ha solicitado que se juzgue también a Fabián Martín y a Miguel Ángel Leal

El siguiente efecto probable sería el retraso. El TSJC celebra muy pocos juicios al año, tiene una agenda infinitamente menos apretada que la Audiencia provincial para buscar hueco para juzgar a 15 personas y escuchar a una gran cantidad de testigos. El juicio durará muchos días. Todo indica que la causa se debería juzgar antes en el TSJC que en la Audiencia, pero habitualmente los juicios del TSJC se demoran.

La instrucción ha terminado aunque hasta que no se dicta el auto de apertura de juicio oral no concluye del todo. Faltan muy pocas cosas por resolver. De hecho sólo falta que se acepte o rechace una petición de Agonane, la asociación de Fuerteventura que también ejerce la acusación popular, como Transparencia Urbanística. Esta asociación ha solicitado que se juzgue también a Fabián Martín y a Miguel Ángel Leal, pero su recurso, a estas alturas de la instrucción, tiene muy pocas probabilidades de prosperar.

La instrucción ha terminado aunque hasta que no se dicta el auto de apertura de juicio oral no concluye del todo

Lo más probable es que se dicte la apertura de juicio oral antes de que Acuña tome posesión de su cargo, con lo que el TSJC sólo tendría que juzgar y no terminar la instrucción. También tendrá el TSJC que resolver algún recurso, porque los acusados han recurrido el auto de procedimiento abreviado y han solicitado de nuevo que se anule el cierre de la bodega como medida cautelar.

A finales de la semana que viene, la Audiencia tomará una decisión, aunque no ha aceptado que se celebre una vista oral porque considera que hay pruebas suficientes. Si la decisión no es favorable al dueño de Stratvs, acabará recurriendo, y el recurso ya lo resolvería el TSJC.

Será un buen momento para comprobar si el TSJC sigue el camino del Juzgado número 5 de Arrecife y de la Audiencia provincial, cuyas salas ya han respaldado toda la instrucción de Silvia Muñoz, manteniendo cerrada la bodega y sin aceptar ninguno de los recursos que han presentado los imputados. Cuanto más alto es un tribunal, cuando sus nombramientos son más cercanos al poder político, más se duda de su independencia.

Una magistrada del TSJC tuvo como abogado al mismo letrado que representa ahora a Juan Francisco Rosa

En Canarias, la Sala de lo civil y penal del TSJC está presidida por Antonio Doreste, que a su vez es el presidente del TSJC. Y la completan dos magistradas: Margarita Varona y Carla Bellini. A Bellini, con toda seguridad, la tendrá que sustituir otro magistrado o magistrada porque será recusada o se abstendrá ella misma.

Ya lo hizo en otras causas que tenían relación con José Manuel Soria, por su estrecha amistad. Bellini fue la instructora del caso de Las Teresitas, y dentro de ese caso ordenó que se grabara un vis a vis en la cárcel de un imputado con su novia. El acusado presentó una querella contra la juez y el Tribunal Supremo le dio la razón a Bellini, que había contratado para ese caso a José Antonio Choclán, el mismo abogado que acaba de contratar Juan Francisco Rosa. Choclán fue el abogado del cerebro de Gürtel, Francisco Correa, y también fue uno de los abogados que acusó al juez Garzón en el caso que acabó con su inhabilitación.