La Guardia Civil ha denunciado 10 personas por acampar en la playa bajo el Risco de Famara, en el Parque Natural del Archipiélago Chinijo, un espacio también catalogado como zona especial de protección para las aves.

La Guardia Civil recibió varias informaciones de ciudadanos sobre una serie de “casetas ilegales” en el Archipiélago Chinijo utilizadas por “grupos de personas” que “realizaban diferentes actividades de marisqueo ilegal, acampada y fiesta nocturnas”.

La Guardia Civil inició un servicio conjunto entre varias unidades (Seprona, Grupo de Intervención Rápida y Servicio Marítimo) para comprobar los hechos e identificar a los usuarios de las casetas, desplazándose a la zona en septiembre y octubre. Se procedió a denunciar a 10 personas por diferentes infracciones a la Ley de Costas.

Desde la Guardia Civil se explicó este lunes que se identificó a los infractores que estaban “realizando una acampada ilegal en esa área, actividad totalmente prohibida por tratarse de un espacio natural protegido”.

“En la mayoría de las ocasiones esta personas se desplazaban a la zona con diversos grupos electrógenos, con los que proporcionaban electricidad a diferentes equipos de música, utilizados para la realización de fiestas nocturnas, pernoctando en el lugar y abandonando casi siempre los residuos generados en el mismo sitio”, indicó la Guardia Civil.

El Instituto Armado resaltó que se trata de “actividades que generan un importante menoscabo a una zona considerada de especial protección para las aves, especialmente la pardela cenicienta”.

Se dio traslado a la Apmun para que “valore el posible derribo” de casetas construidas de forma “ilegal”

En total, la Guardia Civil realizó 14 denuncias administrativas por diferentes infracciones a la mencionada Ley de Costas por “la ejecución no autorizada de obras e instalaciones en el dominio público marítimo terrestre, la acampada u ocupación del dominio público marítimo terrestre y los vertidos de residuos en esa zona”.

Dichas denuncias, las cuales son tramitadas por la Dirección General de Costas, pueden conllevar sanciones económicas comprendidas entre los 300 y los 300.000 euros, dependiendo de varios factores como el daño ocasionado al medio natural.

Paralelamente, la Guardia Civil ha remitido las actuaciones la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN), órgano encargado en Canarias de la disciplina urbanística y ambiental, con el objeto de proteger el medio ambiente, para que “valore el posible derribo de esas estructuras”.