Luis Lleó, uno de los principales imputados del caso Unión, cuyo presunto intento de soborno a Carlos Espino dio pie al inicio del caso, se enfrenta a la petición de 13 años de cárcel en otro procedimiento en el que el juicio se celebra el martes próximo en la Audiencia Provincial de Las Palmas.

La Audiencia Provincial ha fijado la celebración del juicio contra Lleó para el 13 de septiembre. Se trata de un caso de administración desleal denunciado por sus antiguos socios (su hermano y su sobrino) en el que el fiscal Miguel Hernández solicita cuatro años de prisión.

Por su parte, la acusación particular, ejercida por los denunciantes y antiguos socios, pide 13 años y amplía los delitos a falsedad en documento societario, obstrucción al ejercicio de los derechos de los socios y apropiación indebida. También piden la devolución del dinero y una multa de más de 70.000 euros.

Los hechos se remontan a enero de 2006 cuando se escinde la sociedad Lleó Inmuebles en favor de Consultores y Asesores Legales Lleó SL, cuyos administradores eran Luis Lleó, su hermano Jaime y el hijo de éste, todos ellos abogados.

El fiscal destaca que, no obstante, quien gestionaba la sociedad y tomaba todas las decisiones económicas era Luis Lleó, y que aprovechando esta circunstancia utilizó esa mercantil para causar un perjuicio económico a su hermano y su sobrino usando la sociedad para financiar otros negocios suyos, aprovechando dos pólizas de descuento bancario que tenía concedidas en Bancaja.

Esas pólizas fueron concedidas por Bancaja en 2007. Hasta marzo de 2008, el acusado presentó 11 pagarés, a nombre de Residencial Costa Roja y Residencial Playa Honda, que cobra con la sociedad conjunta y traspasa el dinero a esas dos mercantiles. También dispuso de 1,4 millones por servicios que no había prestado a Consultores y Asesores Legales Lleó en favor de siete de sus empresas. El perjuicio causado por estos pagarés fue de 44.000 euros.

La Fiscalía pide cuatro años por administración desleal mientras que la acusación particular amplía la petición a 13 años de prisión

La acusación particular, además, añade un delito de apropiación indebida porque Luis Lleó retiró 102.000 euros de los fondos de las empresas en que eran socios de forma “injustificada y no autorizada”. El escrito de acusación señala que cuando se conocieron los hechos Luis se negó a facilitar la documentación societaria, incluso después de que en agosto de 2008 cesó como administrador de una de esas sociedades.

También le acusan de falsear y manipular las cuentas, contabilizando una supuesta factura de casi un millón de euros que suponía en realidad un crédito a su favor y una deuda para la mercantil generada por prestar un servicio como letrado para una empresa de abogados de la que él mismo era socio.

En la acusación se detalla que realizó todas estas operaciones durante un periodo en que uno de los socios estaba ingresado en el Hospital con fracturas múltiples en los dos brazos y una pierna tras un accidente de tráfico. La acusación considera que en los delitos se da el agravante de abuso de confianza.

El hermano y el sobrino de Lleó se desvincularon de Luis en el año 2008 publicando incluso un anuncio en prensa para desmarcarse de las operaciones de su familiar, que se tendrá que sentar en el banquillo también para responder a la petición de seis años de prisión por soborno en la pieza inicial del caso Unión.