El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto un expediente disciplinario al titular del Juzgado número 3 de Arrecife, Rafael Lis Estévez, por una presunta falta de “desatención” o “retraso injustificado” al mantener paralizadas unas diligencias previas durante algo más de dos años.

El expediente disciplinario que se abrió podría concluir con la sanción de una falta leve, grave o muy grave, dependiendo de las conclusiones del mismo. Si se llegase a determinar que cometió una falta leve recibiría una advertencia y una multa de 500 euros, si fuese grave de hasta 6.000 euros y si se concluyese una falta muy grave podría ser suspendido, trasladado o separado del Juzgado.

La denuncia que no ha tramitado el juez Lis y por la que se le abrió el expediente disciplinario está dirigida por alzamiento de bienes contra el empresario Luis Lleó, uno de los principales imputados del caso Unión, acusado del intento de soborno al socialista Carlos Espino para desbloquear la construcción de la urbanización Costa Roja, en Playa Blanca.

El expediente disciplinario del Consejo General del Poder Judicial está relacionado con tres denuncias contra Lleó interpuestas entre 2010 y 2011. La última diligencia que se practicó fue en abril de 2013, tres meses antes de que Lis asumiera la titularidad del Juzgado.

El CGPJ destaca que la tramitación de las denuncias contra Lleó “ha sufrido una paralización” desde que el 2 de abril de 2013 quedaron “los autos sobre la mesa para resolver” hasta una resolución de junio de 2015 “en la que se ordena el traslado a las partes” del informe de tasación sobre el perjuicio causado a los denunciantes por el presunto delito de Lleó y de sus sociedades Inversiones Puerto Naos y Parcelaciones Ajey, entre otras.

En el citado periodo no se había llevado a cabo ni una sola diligencia en el Juzgado de Rafael Lis a pesar de que la denunciante presentó numerosos escritos solicitando “impulso procesal” y realizó “múltiples llamadas” al Juzgado solicitando que se activara su procedimiento.

El CGPJ señala que “las explicaciones que ofrece” el juez Rafael Lis de que “tomó posesión” del Juzgado el 10 de julio de 2013 y que cuando lo hizo “no disponía de alarde asuntos pendientes, no justifican por sí solas una demora tan significativa como la descrita”.

El Consejo General del Poder Judicial pidió un informe a su Servicio de Inspección para comprobar la carga de trabajo en el Juzgado de Rafael Lis, que reveló que la entrada de asuntos a ese Juzgado era menor que la prevista por el CGPJ. “La situación y evolución del órgano que detalla el informe del Servicio de Inspección tampoco parece que haya sido la causa determinante del retraso”, agrega.

Recusado de una denuncia de Lleó

Como se recordará, la Fiscalía acaba de pedir al juez Lis que se aparte de una investigación iniciada por una denuncia de Lleó contra el ex secretario judicial y dos agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que tramitaron el caso Unión.

Lleó ha presentado numerosas denuncias y querellas contra los investigadores para que se revise la instrucción del caso Unión y para demorar la celebración del juicio, en el que la Fiscalía le pide seis años de prisión por cohecho.

La Fiscalía ha llegado a acusar al juez Lis de falta de parcialidad y señala en uno de sus últimos escritos que su instrucción “adolece de un sesgo claro a favor del denunciante (de Lleó) y ha sido llevada a cabo a espaldas tanto del Ministerio Fiscal como de los propios denunciados”.

El Ministerio Fiscal acusaba al magistrado de haber incumplido el mandato de apartarse de la causa, de la que ya había sido recusado anteriormente y de haber extraído la denuncia de Lleó para poder tramitarla como un caso aparte.

“Nos encontraríamos ante la vulneración de un precepto legal para instruir un procedimiento paralelo a espaldas de las partes y en beneficio y clara toma de postura de uno de los denunciantes”, subraya la Fiscalía.

“Roza los límites de lo grosero”

La Fiscalía revela en su escrito numerosas irregularidades en la instrucción de Lis de la denuncia de Lleó contra los agentes de la UCO, como que el juez debió haberse apartado, que comunicaba sus resoluciones a Lleó, y sólo a él, a pesar de que no estaba oficialmente personado o que le admitiera una serie de diligencias de investigación que ya estaban resueltas en el caso Unión.

Llega a decir la Fiscalía que el modo de razonar del magistrado “es inaudito y roza los límites de lo grosero”. Además de estos hechos hay alguna similitud con esta otra denuncia. En ambos casos, el secretario judicial ante la tardanza o paralización de las causas, cuando se le pregunta, señala que el expediente está “en la mesa de su señoría a la espera de la resolución a adoptar”.

En el primer caso, que nace de la denuncia de Pamparacuatro por el robo de autos en Unión a la que luego se suma Lleó, el juez había incoado diligencias en enero pero no lo había comunicado, y es en marzo cuando el secretario revela esta circunstancia, y cuando el juez finalmente lo notifica.

Así, lo hace el 27 de marzo, el día después de que su esposa, la abogada Margarita Alejo, renunciaba a la representación legal de Juan Francisco Rosa en el caso Stratvs. Este hecho era el que sirvió para que se recusara por primera vez al juez Lis, porque había permitido la personación en una causa al cliente de su esposa.