La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidió el pasado 27 de marzo estimar el recurso de alzada que había presentado el juez Pamparacuatro contra una decisión de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

El juez había pedido al TSJC que anulase una decisión de la secretaria de la Sala de Gobierno, María Eugenia Calamita, que había decidido facilitar los datos de la vida laboral del magistrado al empresario Luis Lleó, imputado en el caso Unión por cohecho para desbloquear la urbanización Costa Roja, que los había pedido con el objeto de presentar una querella.

El juez considera que esos datos son privados y que además el Tribunal Superior de Justicia de Canarias no es competente para otorgarlos a una persona que fue investigada por el propio Pamparacuatro.

El TSJC apoyó la decisión de Calamita pero el CGPJ le corrige y destaca que no era un órgano competente porque eran datos reservados y porque atenta contra la independencia judicial ya que Calamita depende del Ministerio de Justicia y no del Consejo, que sería quien podría aportarlos.

Lleó solicitó al TSJC que identificara a los jueces titulares o sustitutos que estuvieron al frente del Juzgado número 5 de Arrecife entre junio de 2008 y junio de 2013, concretando fechas de nombramientos, ceses y sustituciones por vacaciones o bajas médicas.

El interés de Lleó por esa certificación era que “había sido objeto de una detención” en el marco del caso Unión y “pretendía ejercitar acciones judiciales penales contra las personas que como titulares o sustitutos del Juzgado habían tomado parte en la comisión de lo que consideraba que era un delito continuado de falsedad documental”.

La certificación se emite el 2 agosto de 2013 y “ese mismo día”, de una “manera inmediata y como por arte de magia o de birlibirloque, le es entregada a la hermana” de Lleó la certificación “dado que, casualidad, parece comparecer ese mismo día” Lleó o su hermana, con un escrito que “ni siquiera tiene registro de entrada”, señala Pamparacuatro.

El 30 de octubre de 2013, Lleó solicita tres testimonios de la certificación, que se dictan y entregan el día siguiente. A Pamparacuatro, “esa misma Secretaría tarda 28 días” en acordar que se le entregue el mismo expediente.

“Falsedad” en la certificación

El juez destaca además que la certificación entregada a Lleó adolece de “falsedad”, puesto que la Secretaria de Gobierno del Gobierno “no puede certificar” que Pamparacuatro “disfrutó” los periodos de vacaciones, asuntos propios y licencias por enfermedad.

“Y tanto es así que afirmo que no es veraz dicha información y que no se produjo el disfrute efectivo de todos los periodos que declara la certificación”, añade el juez ante el Poder Judicial.

Críticas de Pamparacuatro

César Romero Pamparacuatro critica ante el CGPJ que la Secretaria de Gobierno del TSJC parece aplicar a la solicitud de Lleó “una técnica o recurso de marketing” del tipo “solicite dos y se lleva tres”, porque “cede datos personales incluso que no son ni pedidos” por el imputado en el caso Unión.

Además, Calamita expide la certificación para “lo que convenga”, “ante quien convenga” y “por quien le interese”, expone Pamparacuatro, “al quebrantar de una manera evidente, flagrante y dolosa” la normativa, “lo que ha legitimado que la prensa divulgue datos personales protegidos”.

“Así las cosas, puede ponerse en peligro, incluso, la seguridad para la vida o integridad física del propio juez o magistrado al revelar datos que pueden determinar una rutina en sus conductas vacacionales”, señala Pamparacuatro sobre la divulgación de datos personales.