El nuevo Plan Hidrológico de Lanzarote descarta un cambio en el modelo que permita, como reclaman los hoteleros, la “libre instalación” de plantas desaladoras privadas. Hasta abril estarán en exposición pública los documentos iniciales y el esquema de temas importantes del Plan Hidrológico, que según el cronograma que maneja el Consorcio del Agua estará aprobado en poco más de un año.

Entre el Cabildo y la patronal hotelera Asolan hay una guerra abierta que se ha trasladado a los tribunales, tras la impugnación de la normativa transitoria aprobada en noviembre de 2015 que excluye la desalación privada. Todo hace indicar que con el nuevo Plan Hidrológico las diferencias se recrudecerán.

El Consorcio señala que “es inviable”, por un lado, no actuar y permitir “el incumplimiento sistemático de la normativa vigente”, además de “un riesgo sanitario”. Por otro lado, destaca que autorizar plantas desaladoras individuales daría lugar a un “desequilibrio” de las tarifas de abastecimiento de agua, además de tener consecuencias medioambientales por el “aumento de concentraciones de sal” que provoca la existencia de numerosos puntos de vertido de salmuera en los ecosistemas marinos.

El Plan Insular y el primer Plan Hidrológico, de 2001, establecieron el monopolio público en la desalación de agua, con la condición de que pudiese intervenir la iniciativa privada donde no llegase la red de abastecimiento pública. En los últimos 15 años han proliferado las plantas privadas, vinculadas a establecimientos turísticos.

Las bases de la normativa está en exposición pública hasta abril y el Consorcio del Agua tiene previsto que se apruebe en los primeros meses de 2018

Para el Consorcio del Agua, por “transparencia” el modelo de desalación que adopte la Isla “debe tratarse como un tema importante”, y aunque se apunta a buscar “puntos de encuentro”, en el nuevo documento se descarta por completo ceder a la presión de la patronal turística y los hoteleros.

Aunque el nuevo Plan Hidrológico Insular está en fase de consultas y participación pública, en la propuesta de normativa que se ha llegado a poner sobre la mesa para actualizar el documento se ha barajado fijar un plazo máximo de tres años para las autorizaciones de las desaladoras privadas.