Jacón, una desconocida asociación ecologista de Gran Canaria, no será acusación popular en el caso Stratvs. La jueza Silvia Muñoz, titular del Juzgado número 5 de Arrecife, ha acordado desestimar el recurso de reforma que esta asociación había presentado.

Muñoz considera que tras esta solicitud se esconde un “fraude procesal” y señala que en este caso se usa la figura de la acusación popular de modo torticero, "desdibujando los límites para los que fue concebida".

Esta es una asociación ecologista de la que se desconoce todo. No tiene una cara visible y no se conoce ninguna actuación que haya realizado. Se personó en esa causa con la instrucción terminada, cuando ya se había dictado el auto de paso a procedimiento abreviado y poco después de que la asociación ecologista de Fuerteventura Agonane decidiera renunciar a la acusación popular por sentirse engañada por su abogado, Juan David García Pazos.

La juez Muñoz destaca este hecho en su auto, señalando que coinciden en el tiempo la renuncia de una asociación, que había recurrido el fin de la instrucción (lo que podía hacer que se alargara el procedimiento) y el interés de la otra, y dice que "parecen coincidir también las firmas" que aparecen en los recursos tanto de una asociación como de otra "pese a que no actúan con la misma dirección letrada ni obran firmados por sustitución". También coincide la solicitud, que es idéntica en ambos casos.

En el auto se destaca que "cuando se quiera accionar la acción popular es necesario que la misma sea compatible con el derecho que tienen las defensas a saber quién les acusa y de qué se les acusa, lo que no se da en el caso de autos".

La juez Silvia Muñoz considera que usa de forma torticera la figura de la acusación popular

También resalta la magistrada que pese a la dimensión mediática que ha alcanzado el caso Stratvs y que ya hay una asociación, Transparencia Urbanística, que ejerce la acusación desde el principio, Jacón no se presenta hasta que termina la instrucción. Su interés, por otra parte, también "queda minado" porque no han aportado ningún documento que acredite su existencia y porque su solicitud tan sólo tiene tres líneas.

Además, ni se adjunta el poder del procurador ni los estatutos de la asociación ni el acta de la reunión donde se decidió la personación "como mecanismo de expresión de una voluntad plural" ni los motivos por los que se presentan. No presentó esos documentos en la solicitud inicial, el verano pasado, ni cuando presentaron el recurso el pasado mes de enero.

Jacón y Jiménez de Asúa

García Pazos ha ejercido como abogado de Lleó en una vista de Unión y es el abogado del periodista Francisco Chavanel en la demanda que le interpuso el fiscal Ignacio Stampa por sus opiniones sobre el caso Unión. Este mismo abogado también se quiso personar en Unión como acusación popular a través de la asociación Jiménez de Asúa, que fue expulsada del caso porque no tenían acreditados los requisitos objetivos para ser parte del proceso ni habían trasladado su acta fundacional ni estaba claro su interés legítimo ni sus fines. Esa asociación se ha acabado querellando contra el juez Pamparacuatro.

En el último mes, Jacón también ha recurrido la sentencia de un Juzgado de Arrecife que condenaba a dos meses de prisión a los promotores de unas obras ilegales en Bodega Suárez. La asociación llega a comparar el caso con el de Stratvs, a pesar de que hay una gran cantidad de elementos diferentes, destacando que en Stratvs se piden penas de hasta 21 años de cárcel, coincidiendo completamente en su planteamiento con el propietario de esta bodega.