El expresidente del Cabildo de Lanzarote y ahora portavoz de CC en esa institución, Pedro San Ginés, se sentará en el banquillo de los acusados como estaba previsto después de que el Juzgado de lo Penal número tres de Arrecife haya rechazado su intento de que suspendiera la vista oral escudándose en la pandemia de coronavirus.

La defensa de San Ginés pretendió utilizar un cauce no contemplado desde el punto de vista procesal para evitar el juicio en el que se enfrenta a una petición de 12 años de inhabilitación para cargo público. Se le acusa de un delito de prevaricación por la incautación de la planta desaladora de la empresa Club Lanzarote en Playa Blanca.

San Ginés ya había solicitado en varias ocasiones que se proceda a su absolución y que no se celebre la vista oral, ante el propio Juzgado, que ya celebró una vista previa y desestimó sus alegaciones, ante la Audiencia Provincial e incluso presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

El Juzgado le instó a que presentara esas alegaciones como cuestiones previas en el acto de la vista oral. Sin embargo, la defensa de San Ginés presentó esas cuestiones previas el pasado 27 de septiembre, antes del juicio, alegando “las especiales condiciones derivadas de la pandemia de la Covid con las conocidas restricciones de movilidad que pudieran verse incrementadas y en orden a facilitar desde la lealtad procesal la más ágil tramitación de las presentes actuaciones”.

Sin embargo, la magistrada simplemente acusa recibo de lo manifestado por la defensa del expresidente del Cabildo, pero deja claro que las cuestiones previas se sustanciarán al inicio de la vista oral, que arranca el 16 de noviembre, como establece la ley.

La defensa de San Ginés llegó a pretender que se anulase el auto de apertura de juicio oral y se absolviese al actual portavoz de CC en el Cabildo lanzaroteño sin ni siquiera celebrar la vista oral en el Juzgado.

San Ginés deberá sentarse en el banquillo junto otros dos encausados, José Juan Hernández Duchemín, exsecretario del Consejo Insular de Aguas, y Francisco Perdomo, secretario del Cabildo, recientemente jubilado.

Cuatro días de juicio en noviembre

El caso se inició por la denuncia de la empresa afectada, Club Lanzarote, que después llegó a un acuerdo con el Cabildo, con San Ginés en la presidencia, para poder seguir produciendo agua, y retiró la acusación.

La Fiscalía tampoco acusa en este procedimiento y la única acusación que se mantiene es la popular, ejercida por dos exconsejeros de Podemos en el Cabildo, Carlos Meca y Pablo Ramírez.

La vista oral se ha suspendido cuatro veces, y el Juzgado de lo Penal número 3 de Arrecife celebrará el juicio el 16 y 17 de noviembre, con jornadas también previstas para el 23 y 24 del mismo mes.

San Ginés está acusado de un delito de prevaricación por incautar la planta desaladora de la urbanización Montaña Roja, en Playa Blanca (Yaiza), en septiembre de 2014 por "la incautación ilegal” de una planta privada, “al margen de la ley y omitiendo todos los trámites obligados, para entregárselas después a Canal Gestión”.

Según la acusación popular, la incautación se llevó a cabo porque era "la única vía que daba respuesta al capricho del señor San Ginés y su deseo de beneficiar a Canal Gestión Lanzarote por encima del respeto a la legalidad vigente y de la propiedad privada".