La jueza Silvia Muñoz, titular del Juzgado número 5 de Arrecife, ha rechazado la petición del promotor Luis Lleó, uno de los principales acusados en el caso Unión, de que se archivase la causa y ha emitido un auto en el que ordena la apertura del juicio contra Lleó, al que la Fiscalía solicita una pena de seis años de prisión por un delito continuado de cohecho.

Así lo ha decidido la jueza después de que esta semana se celebrase una vista preliminar en la que compareció Lleó, que se representó a sí mismo, y el otro imputado en el procedimiento judicial, Fernando Becerra, que se conformó con el posicionamiento de la Fiscalía.

Becerra, que según la investigación habría ejercido de intermediario de Lleó ante el socialista Carlos Espino, al que intentaron sobornar para que desbloquease la urbanización de Costa Roja, en Playa Blanca, se enfrenta a una pena de prisión de un año y medio. La denuncia de Espino supuso el inicio del caso Unión.

En un auto judicial hecho público este viernes, la jueza ordena que Lleó deposite en un plazo de 48 horas una fianza de más de 1,3 millones de euros “para asegurar las responsabilidades pecuniarias” del procedimiento. En caso de no hacer frente a la fianza, se le embargarán “sus bienes”. En el caso de Becerra, la fianza asciende a 266.000 euros.

La decisión del Juzgado rompe, por el momento, con la estrategia de Lleó de intentar no llegar ni siquiera a sentarse en el banquillo de los acusados. Al “conformarse con lo interesado” por la Fiscalía y mostrar “su conformidad”, como se resalta en el auto, Becerra acepta el escrito de acusación del fiscal, lo que se convierte en un escollo añadido para Lleó en el futuro juicio.

En cuanto a “los documentos obrantes en la causa” que se podrán evaluar en el juicio, que se celebrará con un tribunal de jurado en la Audiencia Provincial, la jueza señala que “deberán remitirse los originales, y no sus testimonios”.

“En cuanto al atestado” policial, “debe partirse de la premisa de que carece de valor probatorio por sí solo, manteniendo la condición de mera denuncia”. Eso sí,  “puede adquirir tal valor” probatorio “mediante su ratificación testifical en el plenario”, precisa la jueza.

600.000 euros y un porcentaje

Según la investigación del caso Unión, a Carlos Espino, que en 2008 era consejero en el grupo de gobierno del Cabildo, se le hicieron varios propuestas, entre ellas un ofrecimiento de 600.000 euros y un porcentaje del precio de cada una de las ventas “que Luis Lleó hiciera” en Costa Roja.

Lleó tenía la estrategia, según la Fiscalía, de vender terrenos sin construir a los hoteles ilegales de Yaiza para compensar por haber construido con licencias declaradas posteriormente ilegales.