El Juzgado de lo Penal número 3 de Arrecife, en un auto del pasado 1 de marzo, ha ordenado que se ejecute la sentencia del caso La Bufona. La ejecución conllevaría el derribo de parte de parte de la vivienda de la presidenta del Partido Popular de Lanzarote, Astrid Pérez, y de la casa del fiscal Miguel Pallarés, entre otros propietarios.

La sentencia es firme desde febrero de este año, y obliga a los condenados Antonio Caro y Federico Echevarría, constructor y promotor respectivamente, a que procedan a la demolición de las obras que se llevaron a cabo en suelo rústico de protección jable.

Así, el Juzgado acuerda la “reposición de la realidad física a su estado anterior” en un plazo de seis meses, “prorrogables por causa justificada, debiendo verificarse su cumplimiento a través de informe de la Policía Local de Arrecife”.

La sentencia dice que las obras realizadas "no son susceptibles de legalización habida cuenta de la calificación del suelo en que se asientan. La obra está completamente fuera de la ordenación y a tal infracción penal se ha añadido un delito de desobediencia”.

La demolición afectaría a una parte de las casas que está en esa franja y comprendería tanto el muro como las piscinas, pérgolas, pavimento o incluso algunas habitaciones.

Tanto Caro como Echevarría han solicitado que se suspenda el plazo de ejecución hasta que se aclare la sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas. Consideran que la sentencia tiene "omisiones o defectos que son necesarios aclarar porque no se especifica cuáles son las obras a demoler".

Promotor y constructor señalan “que salvo el cerramiento de la parcela, el resto de obras fueron realizadas por los propietarios y estos no permiten la entrada a su parcela para poder ejecutar la sentencia y mucho menos derribar la obras realizadas por ellos", y añaden que “no se puede exigir a los condenados demoler algo en lo que no han tenido participación alguna”.

Desobediencia grave

Por su parte, el denunciante del caso, Gonzalo Murillo, también pide que se aclare la sentencia para que se condene a ambos por desobediencia grave. La primera sentencia no los condenaba por este delito y la segunda lo admitía pero tampoco condenaba argumentando que se debería dar audiencia a los acusados. Murillo considera que se han podido defender de este delito durante el procedimiento.