El Juzgado de lo penal número 1 de Arrecife ha condenado al ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, al jefe de la Oficina técnica, Antonio Lorenzo y al ex secretario municipal, Vicente Bartolomé Fuentes.

En concreto, se les condena a una pena de 19 meses de prisión por prevaricación urbanística e inhabilitación para cargo público durante nueve años por la concesión de dos licencias para chalés en el plan parcial Playa Blanca.

La juez rebaja la pena por dilaciones indebidas en el proceso judicial, que estuvo paralizado más de un año sin que se practicara ninguna diligencia.

El fallo también anula las licencias otorgadas. Las dos licencias se otorgaron en el año 2005 para unos 66 chalés en el plan parcial Playa Blanca, que fue declaro ilegal por la Justicia.

Los permisos urbanísticos, sobre los que la sentencia declara su “nulidad”, son una licencia para 10 viviendas a la empresa Marivista Lanzarote SL, solicitada por Pedro De Armas, compañero de partido de Reyes; y otra para 56 viviendas a la empresa Villas Blancas Lanzarote.

Los informes que se emitieron para conceder esas licencias contravinieron los requisitos establecidos en la normativa y, además, resultaron "inconsistentes", según el fallo.

En la sentencia se considera probado que las licencias “eran carentes de todo amparo legal y sólo tenían por objeto satisfacer los intereses de los promotores, en detrimento del resto de ciudadanos de la isla de Lanzarote, conscientes de los obstáculos legales que impedían su autorización y con grosero torcimiento del derecho”.

"Conducta prevaricadora" desde el principio

Para el Juzgado, el proceder de los acusados “no hace sino constatar su conducta prevaricadora”. Así, destaca que ya en junio y agosto de 2003, la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) dirigió escritos al alcalde y al secretario requiriéndoles documentación e información sobre el plan parcial Playa Blanca, “sin que contestara” el Ayuntamiento.

Del mismo modo, rechaza el argumento de las defensas de que cuando se concedieron las licencias la normativa urbanística “no era clara”, lo cual justificaría su conducta, además de que “no existió flagrante contradicción con el ordenamiento jurídico”.

En ese sentido, la sentencia destaca que los ahora condenados fueron “apercibidos desde diversas instancias advirtiendo de la ilegalidad” del plan parcial Playa Blanca, y “lejos de atender tales requerimientos con amparo en un informe jurídico emitido por el abogado de los promotores”, en alusión a Ignacio Díaz de Aguilar, “desatendieron” las advertencias, “acordando continuar” el desarrollo del plan parcial “en beneficio de los promotores” en contra de la “legislación aplicable”.