El Juzgado de lo penal número 3 de Arrecife ha condenado a seis meses de prisión a los promotores de la urbanización La Bufona (Arrecife), el arquitecto Federico Echevarría y el constructor Antonio Caro, por un delito contra la ordenación del territorio. La juez ha decido absolverlos de los otros tres delitos de los que se les acusaba: desobediencia, falsedad y estafa. La sentencia es recurrible ante la Audiencia provincial.

El fallo también ha tenido en cuenta para rebajar la condena el atenuante de dilaciones indebidas durante el procedimiento, que se inició en el año 2000, y se juzgó el pasado mes de noviembre. "Pese a la complejidad de la causa muchas paralizaciones no se entienden en modo alguno justificadas, en este sentido no se justifican los cinco años y siete meses de paralización de la causa", señala la sentencia.

La sentencia también obliga al pago de las costas a los condenados, a una multa de 3.650 euros, a la inhabilitación durante un año para trabajos de construcción, promoción o planeamiento, y al derribo de las costas construidas "sin título habilitante".

Considera probado el delito contra la ordenación del territorio y absuelve a Echevarría y Caro de estafa, falsedad y desobediencia

Aunque la sentencia no aclara de forma concienzuda hasta dónde alcanza la demolición, sí queda claro que el derribo se refiere al menos a todo lo construido en suelo rústico de protección ecológica, lo que afecta a una franja de un fondo de 18 metros al norte de la calle Chabusquillo.

Esa franja corresponde a la parte de atrás de catorce chalés de esa calle donde hay construidos muros de contención, piscinas, pérgolas y algunas habitaciones. En total, unos 250 metros cuadrados de media por cada casa.

Echevarría y Caro deberán asumir el coste de las demoliciones y la reposición de la realidad física alterada. Entre los propietarios afectados se encuentran el fiscal Miguel Pallarés, la presidenta del PP de Lanzarote, Astrid Pérez o el notario Celestino Mendizábal.

“Las obras se realizaron con total desprecio por la ordenación legal del territorio y a sabiendas” de que no se podía

En el fallo se señala que "ha quedado probado que los acusados realizaron la construcción de las viviendas con conocimiento de que parte de las obras se efectuaban dentro del suelo clasificado por el Plan Insular de Ordenación de Lanzarote como Suelo Rústico de Valor Natural Ecológico, invadiendo con ellas suelo especialmente protegido, no respetando además los límites de superficie y volúmenes edificatorios permitidos por el Ayuntamiento de Arrecife según licencia de edificación concedida por el propio Ayuntamiento".

Además añade que "las obras se realizaron con total desprecio por la ordenación legal del territorio y a sabiendas que dichas obras se realizaban sin la preceptiva calificación territorial y demás títulos habilitantes".

Urbanización de La Bufona, con la parte construida al norte en suelo rústico.

Se incumplió “de forma flagrante la legalidad vigente en unos terrenos en los que hoy día tampoco permiten esa construcción”

Los acusados, según la sentencia, "centraron su defensa en que les fueron concedidas las licencias oportunas y que su actuación se vio amparada en todo momento por la ley y que los cerramientos de las viviendas los realizaron cada uno de los propietarios una vez fueron vendidas éstas, hecho que niegan la mayoría de los que depusieron en el acto de juicio y como así se corroboró por los peritos que comprobaron in situ el estado de las obras".

"Sin embargo – continúa- existe en la causa material probatorio suficiente para desvirtuar la versión de los hechos dada por los acusados y estimar en cambio acreditada la versión sostenida por la acusación pública y particular" de que se incumplió "de forma flagrante la legalidad vigente en unos terrenos en los que hoy día tampoco permiten esa construcción ya que se emplazan en un suelo clasificado como rústico y categorizado como suelo rústico de protección y de valor natural ecológico".