El Juzgado de Instrucción número 4 de Arrecife ha acordado el archivo del denominado 'caso Inalsa', después de que la Fiscalía, que presentó una querella en mayo de 2015 a raíz de una denuncia previa de Alternativa Ciudadana, haya solicitado el sobreseimiento de la causa.

En un fechado el pasado 1 de febrero, el Juzgado considera que de la investigación efectuada "no aparece debidamente justificada la perpetración del delito" que dio origen a la instrucción del procedimiento.

En un informe del pasado 25 de enero, el fiscal Miguel Hernández solicita el sobreseimiento provisional y considera que las irregularidades en la empresa pública Inalsa que fueron denunciadas por Alternativa y que sustentaron la querella de la Fiscalía no alcanzan la relevancia penal.

Sobre el abono de un canon al Consorcio del Agua por parte de Inalsa, su sociedad instrumental, el fiscal señala que su existencia "era un hecho incontrovertido" al menos entre 1991 y 1996.

Sin embargo, destaca que el "examen de la contabilidad ha revelado la absoluta confusión patrimonial entre Inalsa y el Consorcio, algo que no ha hecho sino poner de manifiesto la necesidad de extremar el control sobre la prestación de servicios públicos a través de sociedades mercantiles participadas íntegramente por entes públicos".

En cuanto a que el Consorcio hubiese asumido gastos que correspondían a Inalsa, como el suministro de energía, firmado con Unión Fenosa en 2009, "aunque desde el punto de vista de la técnica contable y financiera ésta y otras decisiones puedan tacharse de inadecuadas, las mismas no presentan relevancia penal" por la "confusión" existente entre las dos entidades.

En 2011, el importe de las tasas abonadas por los consumidores de Inalsa se ingresaron en las cuentas corrientes del Consorcio del Agua, algo que para la Fiscalía "no es de extrañar" ya que el organismo formado por el Cabildo y los ayuntamientos asumiese gastos de Inalsa, que en aquel momento se encontraba en concurso de acreedores. "No se evidencia ilícito penal", señala el fiscal, en el aumento de la deuda de Inalsa con el Consorcio.

También tiene en cuenta el fiscal el testimonio de los administradores concursales, que manifestaron que "en ningún caso" detectaron "pagos indebidos o transferencias monetarias sin justificar desde Inalsa al Consorcio".

Irregularidades contables

En su querella, la Fiscalía destacaba la existencia de irregularidades contables en Inalsa, como habían reflejado las auditorías de Ernst&Young de 2005 a 2007, como falta de control de existencias en la empresa pública de aguas, y diferencias entre cantidades que debería haber cobrado la compañía y lo debidamente ingresado.

La Fiscalía señala en su informe que "la falta de control en las existencias" es "un  hecho objetivo", constatado por los administradores concursales y por Mario Pérez, ex consejero delegado de Inalsa, que ha estado investigado en la causa ahora archivada.

Aunque "era evidente la existencia de descontrol en el área de almacenes", esa "mala gestión" no "originó o coadyuvó a la situación concursal a la que se vio abocada Inalsa", sostiene el fiscal, que insiste en que "las irregularidades que se constataron no guardan relación" con "la situación económica" de Inalsa.

El fiscal tiene en consideración la opinión de los administradores concursales, que apuntaron que los "desajustes no encubrían movimientos monetarios sin control", y concluye que "en modo alguno se evidencia indicios de actividad delictiva en relación con estos desajustes contables puestos de manifiesto por Ernst&Young".

El precio del agua, de lo 'más controvertido'

Además, el fiscal apunta que "uno de los puntos más controvertidos" de la investigación fue la modificación del precio del agua y si se realizó de acuerdo con la normativa. Recuerda que los administradores concursales solicitaron de forma "insistente" al Consorcio aprobar "con carácter de urgencia" unas nuevas tasas, algo que también solicitaron en abril de 2011 al Juzgado de lo Mercantil.

Para la Fiscalía, el examen de la documentación, con la "bajada" del agua en 2004 y la aprobación de otras tasas en 2007, "pone de manifiesto la inexistencia de delito alguno" y "descarta la comisión de irregularidades con relevancia penal", pese a que el precio del agua "fuese el origen de la situación de insolvencia de Inalsa".

La Fiscalía recuerda que existe en el "ámbito mercantil" una solicitud del propio Ministerio Fiscal sobre la calificación del concurso de acreedores de Inalsa y la exigencia de responsabilidad a sus consejos de administración por la insolvencia de la empresa pública.

Concurso para adjudicar el agua

La Fiscalía también analiza el concurso abierto por el Consorcio para externalizar el abastecimiento de agua en Lanzarote, que se llevó Canal de Isabel II. El organismo público utilizó el canon de la concesión del agua para pagar la millonaria deuda que tenía Inalsa y por la que entró en concurso de acreedores.

"A la vista de la confusión existente" entre Inalsa y el Consorcio, "y la exclusiva participación pública de Inalsa, unida a su naturaleza prestacional de un servicio público esencial como es el de abastecimiento de agua, no encontramos reproche penal al acuerdo en virtud del cual el Consorcio asume el pago a los acreedores de Inalsa", concluye el fiscal, que añade que "ninguna infracción penal se advierte del contenido ni del procedimiento seguido para la concesión de los servicios de abastecimiento, saneamiento y reutilización del agua en Lanzarote".

Más detalles

COBERTURA. El fiscal indica en su informe que "en ningún caso el sobreseimiento" que solicitó del 'caso Inalsa' supone "validar y dar cobertura de legalidad a las actuaciones realizadas" en el seno de la empresa pública de aguas "durante su vida".

ILÍCITOS. De hecho, resalta que "es patente la comisión de ilícitos penales cometidos utilizándola como instrumento", en el caso Batllori, de abono de facturas falsas, cuya sentencia ha sido ratificada por el Tribunal Supremo.

PRESCRITO. Otras irregularidades, como el pago de un monumento por Inalsa a petición del Cabildo, el abono de los gastos del Ayuntamiento de Arrecife en la empresa Lanzarote de Cable, una beca de investigación o un libro, "estarían prescritas".