Hace un mes la Audiencia Provincial decidió archivar las órdenes de registro de las oficinas de Luis Lleó, a petición de la Fiscalía. En esa orden no aparecía el nombre de Lleó sino el de otra de las detenidas ese día, el 25 de mayo de 2009, Elena Martín.

Se podía haber realizado una reconstrucción de autos porque era un error evidente de “corta y pega” en una macrocausa, pero la Fiscalía y la Audiencia decidieron anularlas, a instancias de la defensa de Luis Lléo.

La fundamentación del registro a Lleó era la misma que aparecía en el auto que hizo el juez para el Ayuntamiento de Yaiza: buscaban la documentación sobre el proyecto Costa Roja, el origen del presunto soborno a Carlos Espino y el origen del caso, pero también sobre la casa de Carlos Morales en Puerto Calero.

La Audiencia los anuló sin valorar siquiera si eran o no los autos originales y Pamparacuatro denuncia que estos autos tampoco son los originales. Tres años después de iniciado el caso se echan en falta y se incorporan al procedimiento, según el juez “por un cauce no previsto en la ley”, alegando que eran los que se dictaron en su momento “en base a los ficheros informáticos existentes en el Juzgado” pero sin realizar una pericial que pruebe que no habían sido modificados.

“En caso de que los autos originales tuvieran la motivación anulada” por la Audiencia Provincial, añade Pamparacuatro, “todo se debe a un error material o de trascripción subsanable” a través del cauce la ley de enjuiciamiento criminal.

Implicados del Constitucional

Con esos registros se anulan también las pruebas encontradas en ellos y los informes elaborados por la UCO que implican a dos ex letrados del Tribunal Constitucional, Ignacio Sánchez Yllera y Ángel Aguallo (que actualmente es magistrado del Tribunal Supremo) en el asesoramiento, desde los correos del propio Tribunal y a cambio de grandes sumas de dinero, al empresario lanzaroteño para evitar el pago de impuestos del proyecto urbanístico de Costa Roja, declarado ilegal.

En su denuncia, el juez Pamparacuatro pone de manifiesto que Sánchez Yllera y Francisco Caamaño estuvieron al mismo tiempo a las órdenes de la ex vicepresidenta del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega, uno como jefe de gabinete y otro como secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Caamaño ascendió a Ministro de Justicia y lo era cuando ese mismo Ministerio denegó el refuerzo que había pedido el juez para avanzar en la causa y que había aprobado el Consejo General del Poder Judicial.

Un ‘post it’

Esos autos debieron desaparecer antes de que se levantara por primera vez el secreto de sumario, entre noviembre y el 11 de diciembre de 2009. El juez narra en su denuncia que recuerda “perfectamente que al auto que autoriza la entrada y registro de Yaiza lo coloqué un ‘post it’ advirtiendo de la necesidad de confeccionar un testimonio para su incorporación a una de las piezas separadas antes del escaneado y digitalización.

“De manera que se pudo comprobar que dicho auto, junto con el que autoriza la entrada y registro en el domicilio y oficinas de Luís Fernando Lleó Khunel, nunca se digitalizaron sustrayéndolos en ese instante”, señala Pamparacuatro en su denuncia. Así pues, esos autos judiciales ni llegaron a la pieza de Morales, que es de las únicas dos que se ha archivado en Unión, ni volvieron a la de Lleó.

Grabaciones a Lleó

Por otra parte, también ha desaparecido la primera grabación original entre Espino y Becerra y la única conversación mantenida entre Espino y Lleó. El juez asegura que visionó ambas. De los 12.000 primeros folios y con varias decenas de investigaciones paralelas, todos los “errores” se centran en los mismos hechos.