El juez Ricardo Fiestras ha culminado la instrucción de tres piezas del caso Montecarlo y ha declarado la apertura del procedimiento abreviado para que la Fiscalía formule acusación y se abra el juicio oral.

En dos de las piezas, relacionadas con facturas de las empresas Inelcon, Señalcon y Tunera, se imponen fianzas al actual alcalde de Arrecife, José Montelongo, que casi alcanzan los 1,9 millones de euros al ser uno de los presuntos responsables de haber autorizado pagos supuestamente irregulares.

El juez, al igual que con el resto de investigados a los que se les exige fianza, otorga a Montelongo un plazo de tres días hábiles para que la preste. Si concluido ese plazo no se verifica la fianza, se llevará a cabo una "investigación patrimonial" y embargo de bienes. El juez también advierte que investigará las ventas de "bienes o derechos" de los implicados desde que se inició el caso Montecarlo.

En la pieza de Montecarlo relacionada con las empresas Inelcon y Señalcon, el juez señala que “se puede estimar que el Ayuntamiento de Arrecife ha favorecido” a las citadas empresas “infringiendo toda la normativa de contratación y pago de obligaciones entre los años 2008 y 2012” con 2,3 millones y 142.000 euros, respectivamente.

El juez Fiestras afea al Consistorio capitalino, personado como acusación particular como perjudicado en el procedimiento, que no haya instado el “reintegro” de las “cantidades indebidamente abonadas” ni “exigencia de responsabilidad hacia sus presuntos responsables”. La “única actuación procesal” del Ayuntamiento en la causa, añade el juez, consiste en “formular recurso” contra el archivo libre del tesorero, Antonio García Panasco.

En la pieza de Inelcon y Señalcon al actual alcalde de Arrecife se le atribuyen presuntos delitos contra la administración pública en su modalidad de prevaricación, fraude y/o malversación de caudales públicos y se le fija una fianza de 1,3 millones de euros. Los mismos presuntos delitos que el interventor, Carlos Sáenz, que suma el de falsedad en documento oficial y para quien el juez fija una fianza de 3,2 millones.

A Montelongo, el único de los políticos investigados en activo, le atribuyen presuntos delitos de prevaricación, fraude y malversación

Además del propietario de las empresas, el listado de cargos públicos y trabajadores del Ayuntamiento implicados en la pieza es amplia: los ex concejales Víctor Sanginés (PSOE), Víctor Betancort (PSOE), Alberto Morales (PSOE), Eduardo Lasso (PIL), Isabel Martinón, José Nieves Caraballo, Miguel Ángel Leal, Isidro Hernández, Penélope Tabares y José Antonio Cabrera.

En la pieza relacionada con Tunera, a Montelongo se le fija una fianza de 597.018 euros y se le atribuyen presuntos delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración y malversación de caudales públicos.

En esta pieza de Montecarlo están implicados el propietario de la empresa, el interventor Carlos Sáenz por prevaricación, fraude a la administración, malversación y falsedad en documento oficial. Por prevaricación, fraude a la administración y malversación están Miguel ángel Leal, Eduardo Lasso, José Nieves Caraballo, Víctor Sanginés, Isabel Martinón, Lorenzo Lemaur y Blas Cedrés.

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