El juez Jerónimo Alonso, titular del Juzgado de Instrucción número dos de Arrecife, ha acordado la apertura de una pieza separada para investigar “la contratación por el Consejo Insular de Aguas de Lanzarote” del abogado Ignacio Calatayud “para la prestación de servicios profesionales”.

Esta pieza separada se abre de la causa penal que se sigue en el Juzgado por la incautación de la planta desaladora de la urbanización Montaña Roja, cuya promotora es Club Lanzarote, ejecutada por el Consejo Insular de Aguas en septiembre de 2014.

El juez considera que la contratación de Calatayud por el Consejo “podría implicar una omisión de las mínimas exigencias procedimentales”. Así, destaca que la elaboración del informe jurídico emitido con posterioridad a la incautación se efectuó sin que Calatayud “fuera contratado por el Consejo Insular de Aguas de Lanzarote conforme a las bases de ejecución del presupuesto” del organismo público.

Además, el juez destaca que el abogado pasó a través de su empresa Ignacio Calatayud Prats SL una factura de 2.140 euros el 14 de julio de 2015 por “asesoramiento del procedimiento sancionador” contra Club Lanzarote y la dirección de un procedimiento legal contra la citada empresa, “en primera instancia y apelación”.

El mismo día emitió  otra factura de 1.605 euros por la contratación de la dirección legal del pleito por la cesión de la infraestructura hidráulica de Montaña Roja, que incluye la desaladora, la depuradora y las redes de abastecimiento, a la empresa Canal Gestión.

También el 14 de julio del año pasado emitió otra factura de 1.605 euros por la dirección legal de otro procedimiento contra Club Lanzarote, en relación a la impugnación de la medida cautelar de incautación de la planta desaladora de Montaña Roja.

El juez considera que la contratación de Calatayud por el Consejo “podría implicar una omisión de las mínimas exigencias procedimentales”

“La citada actuación”, señala el juez, podría pretender “la elusión” de “controles” en materia de contratación y destaca que “para preservar la objetividad y la imparcialidad de una Administración pública que desarrolla su actividad contractual conforme a Derecho y cumpliendo con el principio de legalidad, el Código Penal tipifica varias conductas delictivas para combatir la corrupción en los contratos onerosos celebrados por sujetos del sector público”.

El juez señala que la formación de la pieza separada tiene como finalidad “simplificar y activar el procedimiento”. “Razones de conveniencia y utilidad aconsejan la fragmentación del procedimiento, con objeto de evitar las consecuencias negativas que puede determinar la formación de una macrocausa”, añade.

Calatayud y San Ginés, “investigados”

El juez Jerónimo Alonso considera en un auto dictado el pasado 12 de enero que “lógicamente” Ignacio Calatayud y el presidente del Cabildo y del Consejo Insular de Aguas, Pedro San Ginés, “deberán considerarse personados en esta nueva pieza en calidad de investigados”.

La nueva pieza se forma con partes del sumario principal, como la querella de Club Lanzarote, el auto de reapertura del caso por la Audiencia Provincial, el informe jurídico sobre la incautación, la “declaración en calidad de imputado de Pedro San Ginés”, la “comparecencia del Secretario del Cabildo” y la “documentación aportada”, la “declaración como testigo de Gerardo Díaz”, requerimientos efectuados a Canal Gestión, empresa para la que también trabajó Calatayud, o la “declaración como imputado” del propio letrado.