El Juzgado número 2 de Arrecife ha abierto diligencias por un posible delito contra el medio ambiente por parte de los responsables de la depuradora de Montaña Roja. Pedro San Ginés ha declarado este martes en el Juzgado de nuevo, esta vez en calidad de denunciante. También han declarado cuatro técnicos: el actual gerente del Consejo insular de aguas, el vigilante de cauces, el gerente del Consorcio y el gerente de Canal Gestión.

El presidente del Cabildo denunció a Club Lanzarote, la empresa propietaria de la planta, por cuatro delitos, y el juez sólo ha admitido uno, el delito contra el medio ambiente por vertidos al subsuelo de la planta depuradora, aunque esos vertidos, según el propio San Ginés ya habrían sido corregidos.

El magistrado no tiene en cuenta el delito contra la salud, ha archivado el de estafa, que ha sido recurrido, y ha indicado a San Ginés que se dirija a la Agencia Tributaria por el posible delito contra Hacienda.

San Ginés ha comparecido en rueda de prensa junto a los consejeros Antonio Morales y Echedey Eugenio. Señaló que ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que obliga a devolver la potabilizadora a Club Lanzatote, una aclaración sobre si deben seguir permitiendo la venta ilegal de agua y devolver la planta o clausurarla, tal y como indica el instructor del expediente sancionador contra esta empresa.

Se ha pedido una aclaración al TSJC, que obliga a devolver la planta potabilizadora

San Ginés señaló que la clausura no se contempla y afirmó que el Consejo tiene competencias para clausurarla. No obstante, en un acta del 14 de abril de 2011, el secretario del Consejo y del Cabildo afirmaba que es el Gobierno de Canarias el que tendría competencias para su clausura, ya que el Consejo sólo puede sancionar.

Sobre si el Consejo está inspeccionando el resto de depuradoras por vertidos al medio ambiente o se va a regularizar la situación de las más de 50 desaladoras privadas, el presidente dijo que es la obligación del Consejo pero no concretó si se está llevando a cabo una campaña para conocer la situación de cada una ni qué piensa hacer con todas esas desaladoras.

El presidente dice que no sabe si su asesor jurídico también trabaja para Canal Gestión

Preguntado sobre si ahora haría la incautación de la planta de otra forma, señaló que “si tuviese los elementos de juicio que tenía” en septiembre del año pasado, “lo habría hecho exactamente de la misma manera”, aunque puntualizó que “si el TSJC ha dicho que se debió esperar, parece de sentido común que probablemente lo hubiese hecho de otra manera”, en referencia a tener autorización judicial.

San Ginés anunció que el Cabildo celebrará un pleno extraordinario sobre este asunto en los primeros días de septiembre y, cuestionado respecto a si su asesor jurídico y amigo personal, Ignacio Calatayud, que además realizó el informe posterior para justificar la incautación de la planta, también trabaja para Canal Gestión, que es la empresa que se ha beneficiado de esa medida, dijo que lo desconoce.