A requerimiento de la Fiscalía, el Cabildo de Lanzarote ha tenido que enviar el informe del ex director de la Oficina del Plan Insular de Ordenación (PIO), Leopoldo Díaz, que fue destituido el viernes pasado, sobre el Plan Especial de La Geria y la situación de la bodega Stratvs.

El requerimiento de la Fiscalía incluía la entrega del informe, registrado en abril y solicitado por la oposición en el Cabildo pero que no ha trascendido hasta esta semana, junto con la solicitud de ese informe realizada por el presidente, Pedro San Ginés.

El objetivo del requerimiento de la Fiscalía es incorporarlo al sumario del caso Stratvs, ya que trata sobre otro dictamen que se hizo expresamente para el caso a petición de la juez instructora, Silvia Muñoz.

El informe elaborado por Díaz lo solicita el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, que le pide que evalúe la “repercusión” que pudiera tener para la Corporación insular el criterio de otra jurista, Joana Macías, que como perito judicial en el caso Stratvs concluyó que la bodega no se podía legalizar y, también, que el Plan Especial de La Geria que el Gobierno de Canarias aprobó en julio de 2014 era nulo.

Leopoldo Díaz deja claro que el informe de Macías en el caso Stratvs “no es el informe del Cabildo sino el de un empleado público” que “actúa como perito judicial” y que eso “no implica que su actuación vincule” a la Corporación insular. Eso sí, recalca su “coincidencia” de criterio con Macías en que el Plan de La Geria “incurre en vicios de nulidad”, aunque esté en vigor.

“Deficiencias” y “vicios de nulidad”

El origen de esas “deficiencias” se encuentra en cómo el Gobierno quiso dar carpetazo a las sentencias que tumbaron la normativa del espacio protegido en 2012, a raíz de una batería de recursos judiciales de particulares afectados. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) sentenció que el Gobierno había introducido numerosas modificaciones “sustanciales” en el planeamiento sin someterlas a información pública.

Tras la anulación por la Justicia, el Gobierno regional decidió “convalidar” y conservar los pasos administrativos que había dado y volvió a aprobar el planeamiento cuando, tal y como destaca Díaz, las sentencias eran “categóricas” y “conducen a considerar” que había sido anulado “todo el Plan Especial de La Geria, lo cual pugna con la decisión” del Ejecutivo regional, que ejecutó las sentencias de forma contraria a la ley.

El funcionario subraya que era obligado iniciar el procedimiento “de nuevo”, sin que fuera posible “la conservación de acto alguno”. También resalta que el planeamiento lo tenía que haber impulsado la Consejería de Sostenibilidad, la que tenía “las competencias en materia de medio ambiente”, y no la de Política Territorial, en manos del consejero Domingo Berriel y del viceconsejero Mario Pérez.

En su informe destaca que el Plan de La Geria “no cuenta” con un estudio de “sostenibilidad económica”, obligatorio según la Ley del Suelo, y hace hincapié en que “los vicios de nulidad e ilegalidad” del planeamiento “abran la puerta a su eventual inaplicación por parte de jueces y tribunales”.

No obstante, hasta que se vuelva a pronunciar la Justicia, o que el propio Gobierno revise de oficio sus decisiones, “es indiscutible” que el Plan de La Geria “está vigente en este momento”. “Ahora bien”, subraya Díaz, “ese Plan no puede ser aplicado como si se tratara de una isla jurídica” y, en el caso en que choquen el planeamiento específico de La Geria y el PIO, que data de 1991, la discrepancia “se resuelve con la prevalencia de este último” al ser “jerárquicamente” superior.

“Insuficiente” regulación para las bodegas

El Plan Especial de La Geria cataloga 10 bodegas como “equipamientos estructurantes”, por su incidencia “insular”. Sin embargo, señala en su informe Leopoldo Díaz, “el Plan Especial de La Geria no puede implantar equipamientos estructurantes, sólo el Plan Insular tiene habilitación legal para hacerlo”. Por ello, añade, es “insuficiente su única regulación por el Plan Especial” de La Geria “sin la cobertura del Plan Insular de Ordenación”.

También subraya que la Ley de Medidas Urgentes que impulsó Paulino Rivero en 2009 estableció “un nuevo régimen para la implantación de bodegas” con un “trato diferenciado” y “discriminatorio” entre las que existían antes de 1994, cuando se aprobó la Ley de Espacios Naturales, y las posteriores a esa fecha: “sólo Stratvs”.

“Las bodegas más antiguas, con valores históricos y etnográficos, no tendrán regulación hasta que haya Plan de Ordenación de los Recursos Naturales”, documento que se integra en el nuevo Plan Insular que está revisando el Cabildo desde 2007. En cambio, “las bodegas más recientes, sin tradición histórico-cultural, tienen a su alcance, con carácter inmediato, un determinado régimen jurídico” con el Plan Especial de La Geria.

La “ilegal ejecución” de Stratvs

La bodega Stratvs, recuerda el informe de Díaz, “se apartó de lo autorizado” y se produjo una “ilegal ejecución de nuevas construcciones” que en ningún momento fueron permitidas. Se autorizaron 900 metros y se ejecutaron realmente 3.560 metros construidos y 12.000 metros resultaron transformados.

Díaz señala que “si aplicáramos exclusivamente el Plan Especial de La Geria” que se aprobó en 2013, “haciendo abstracción del Plan Insular”, la bodega se ubicaría en un suelo que “admite las bodegas” pero “la obra realmente existente no se acomoda a los parámetros urbanísticos del Plan Especial de La Geria”. Además, subraya que en 2014 el Gobierno cambió de categoría el suelo donde está Stratvs a una que no admite el uso de bodegas.