El fiscal Ignacio Stampa compara la actuación de la representación legal del Ayuntamiento de Arrecife, que ejerce el abogado Orlando Betancort, con la actuación del Partido Popular en el caso Gürtel (en la pieza relacionada con los ‘papeles de Bárcenas’), en el que la Audiencia Nacional expulsó al PP como acusación porque su actuación en el caso coincidía con los criterios de la defensa de Luis Bárcenas.

"Con las debidas reservas -dice el fiscal- en el presente caso existe un paralelismo evidente, salvo por la diferencia notable de que el Ayuntamiento es una institución pública, y que no es presunto responsable como beneficiado, sino al revés, es el presunto perjudicado".

La Fiscalía señala que la representación del Ayuntamiento "no ha interesado ni una sola diligencia de instrucción, salvo la declaración del perito y para valorar estrictamente la posible responsabilidad del tesorero".

Tampoco ha pedido la imputación de las otras dos tesoreras que pagaron a las empresas investigadas, "no ha aportado ni un solo documento que sirviera para esclarecer los hechos investigados, "no ha iniciado ningún procedimiento de reintegro de las cantidades indebidamente abonadas en vía administrativa ni de exigencia de responsabilidad disciplinaria o contable contra ningún funcionario o cargo" y no ha acudido a muchas de las declaraciones judiciales practicadas tras su personación, y cuando lo ha hecho, no ha formulado preguntas.

El Ministerio Fiscal hace estas consideraciones en el escrito de contestación a la solicitud, por parte del Ayuntamiento de Arrecife, de que no se archive la causa contra el tesorero Antonio Cabrera Panasco. En ese escrito insiste en que el Ayuntamiento, que ejerce la acusación particular, "no esté velando realmente por los intereses públicos que tiene encomendados, sino que esté ejerciendo la defensa de quien ha sido su alcalde, José Montelongo".

El abogado del Ayuntamiento de Arrecife no ha hecho ni una sola pregunta a imputados o testigos durante el procedimiento

En su escrito, el fiscal refleja una lista pormenorizada de todas las declaraciones, y de las veces que el abogado del Ayuntamiento no acudió o no hizo preguntas. De 23 comparecencias, no acudió a trece, y en las otras diez no realizó ni una sola pregunta. Para el fiscal, es especialmente llamativo que Arrecife recurra el archivo de la causa para el tesorero y que el abogado no asistiera a ninguna de las dos declaraciones de ese tesorero, o que no hiciera ni una pregunta al perito, que es en quien se basa para que la causa se mantenga contra Cabrera Panasco.

El fiscal, por su parte, considera que la actuación de los tres tesoreros que efectuaron pagos, por orden de los concejales de hacienda, a Inelcon y Señalcon, no es constitutiva de delito o al menos "no existen indicios racionales de que cometieran delito alguno". Destaca también que el Ayuntamiento lo ha entendido así durante todo el procedimiento y ahora cambia de criterio pero no especifica por qué puede haber delito por parte de uno y no por parte de los otros dos.

La Fiscalía se basa, para afirmar que no hay delito por parte de Cabrera Panasco, entre otras cosas, en que Panasco "salvó su responsabilidad en varios casos concretos al advertir de las irregularidades" y que justificó a través de informes "que los documentos o piezas justificativas de los pagos no se remitían a la tesorería a partir de determinada fecha, lo cual fue corroborado por las otras dos tesoreras que declararon como testigos, que se oponía a las órdenes de pago que le daba el entonces concejal de hacienda", José Montelongo, "infringiendo la prelación de pagos".

El tesorero “no es el único funcionario que ha relatado irregularidades” pero sí el único que ha ‘dado la cara’ aportado documentos

Otro dato relevante es que durante una ausencia de este tesorero, entre el 28 y el 31 de octubre de 2011, se efectuaron unos pagos por parte de su sustituta, que el propio tesorero considera "ilegales".

En el escrito, el fiscal reprocha a la representación del Ayuntamiento de Arrecife que desde marzo de 2013, ha pasado desapercibida en el procedimiento y que incluso ha obstaculizado la labor instructora, "demorándose en la remisión de la documentación trascendental que se le solicitaba".

Señala que las actas de los plenos, en marzo y mayo de 2012, en los que se aprobó el pago a Inelcon de más de medio millón de euros de forma presuntamente delictiva, no las remitió el Ayuntamiento al Juzgado hasta el pasado 1 de marzo de este año, después del día fijado para la declaración del entonces alcalde, Montelongo, que además no declaró porque alegó que tenía que analizar documentación que no obraba en autos.

El fiscal reprocha al Ayuntamiento que haya obstaculizado “demorándose en la remisión” de “documentación trascendental”

"El Ministerio Fiscal ha venido sosteniendo a lo largo de la causa lo que hasta ahora podía ser una mera sospecha, cada vez más notable, hasta convertirse en una evidencia para explicar tal forma de actuar: el tesorero Antonio Cabrera Panasco no es el único funcionario que ha relatado irregularidades en esta causa, pero sí es la única persona que dentro del Ayuntamiento ha ‘dado la cara’ aportado documentos que incriminan a José Montelongo y a otras personas en los hechos delictivos objeto de investigación”, señala.

Del mismo modo, destaca que el tesorero “ha recibido presiones laborales por ello (documentadas), y decimos esto ante el empecinamiento de la defensa del recientemente dimitido alcalde en que se investigue quién denunció los hechos de forma anónima ante la Fiscalía el 30 de noviembre de 2011. Desconocemos con qué loable fin, pero sin saber quién es, la defensa del exalcalde se aventura a afirmar, sin explicarlo tampoco, que los fines del/la denunciante son espurios", termina el escrito de Fiscalía.