El actual diputado autonómico de Coalición Canaria (CC) por Lanzarote y ex alcalde de Teguise, Juan Pedro Hernández, se enfrenta en el caso Yate a una petición de condena de cuatro años de prisión por la concesión de licencias ilegales concedidas a hoteles cuyos permisos fueron tumbados por la Justicia.

La acusación lo considera “criminalmente responsable” del otorgamiento de cuatro permisos ilegales para construir hoteles, otorgados en el año 1999 y que recibieron sus correspondientes prórrogas, concedidas en 2001.

Así, a Juan Pedro Hernández se le atribuyen sendos delitos de prevaricación continuada cometidos en los citados años, y la acusación le pide, al margen de los cuatro años de cárcel, otros 20 años de inhabilitación para empleo o cargo público.

El procedimiento judicial está en  un momento decisivo. La condición de aforado de Juan Pedro Hernández, diputado regional desde las últimas elecciones de 2011, obligó que la causa que se inició en noviembre de 2006 gracias a una denuncia del socialista Carlos Espino, entonces consejero del Cabildo, se trasladase al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Precisamente el TSJC acaba de indicar que será la magistrada Carla Bellini la ponente de la sentencia.

En la causa, Juan Pedro Hernández tendrá que responder por licencias que dieron vía libre a la construcción de 1.786 plazas turísticas ilegales: las 599 de un hotel de la empresa Armadores de Puerto Rico y las 461 de los apartamentos Club del Rey, ambos complejos próximos a la residencia real de La Mareta.

Responsable de la concesión “masiva de licencias” sin otra base legal “que su capricho”

También se le enjuiciará por la licencia de un hotel de 600 plazas al lado del hotel Playa Verde y por 48 apartamentos de Residencial Las Colinas. Todas estas licencias fueron anuladas por los tribunales por recursos presentados por el Cabildo y la Fundación César Manrique.

La acusación destaca que Hernández permitió con un “plan preconcebido” la concesión “masiva de licencias” ilegales que alteró la realidad urbanística de Teguise “sin otra base legal que su capricho, causando un grave daño al desarrollo sostenible de su municipio”, propiciando un “urbanismo salvaje”.