El Diputado del Común ha amenazado con denunciar en Fiscalía si no se procede al derribo de las viviendas ilegales de la urbanización de La Bufona, en Arrecife. De las 14 viviendas construidas en parte sobre suelo rústico, tres tienen ya orden de derribo firme.

El Diputado del Común ha trasladado a la directora de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun), Ana Batista, que “el restablecimiento del orden jurídico perturbado por las obras ilegales es de ejercicio inexcusable” y que se trata de una “actividad administrativa reglada”.

También la insta a que proceda “a la ejecución subsidiaria de las tres órdenes de demolición firmes” a costa de los propietarios de las casas, así como que revoque “cualquier acto administrativo que sea contrario a la ejecución subsidiaria de las órdenes de demolición firmes”.

La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural argumentó ante el Diputado del Común que por “racionalidad técnica” y “eficiencia” no procedía “ejecutar, de forma individualizada, las órdenes de demolición”. La Apmun también destacó la “dificultad que conllevaría tener que llevar a cabo las demoliciones ya firmes, una a una”, por su “coste”.

En cambio, el Diputado del Común resalta que ha sido precisamente “la ineficacia e ineficiencia” de la Agencia de Protección del Medio con el precinto de las obras la que ha provocado que “se está ahora en esta situación de tener que derribar lo ilegal”. Un “grave incumplimiento legal de sus obligaciones” en “la vigilancia del precinto y su respeto”.

Con respecto a las tres órdenes de demolición firmes por “no haber sido recurridas”, subraya que “se asemejan a la santidad de la cosa juzgada material”. Por tanto, añade, “ante una orden de demolición firme no cabe adoptar ninguna decisión en sentido contrario que la deje inoperativa o sin efectivo”.

“Si así se actúa o se persiste en seguir”, advierte el Diputado del Común, “se está ante un ejercicio desviado de las potestades administrativas, el cual se puede incardinar en un ilícito penal”, lo que le obliga a dar traslado al Ministerio Fiscal.

Derribo a cargo de “los incumplidores”

Por otro lado, el Diputado del Común destaca que al no haber sido ejecutadas las órdenes de demolición de forma voluntaria por los afectados, “los costes que esa dejación conlleva se repercuten directamente a los incumplidores” por parte de la Agencia de Protección del Medio.

Así, la “ejecución subsidiaria” por parte de la Apmun no le generará “coste alguno” por cuanto los gastos que conlleve la demolición “se recuperan, siempre, de forma directa y a cargo del incumplidor de la orden de demolición firme. Por ello, concluye, “no hay excusa alguna posible” de proceder al derribo individualizado de las casas en vez de esperar a que todas las órdenes de demolición se conviertan en firmes.

Más detalles

MEDIOS. El Diputado del Común recuerda que en su último informe al Parlamento de Canarias reclamó que la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural debía “ser bien provista de medios para cumplir con su importante cometido”, citando de manera expresa el caso de La Bufona.

QUEJA. El escrito de queja que ha dado origen a la advertencia del Diputado del Común a la Apmun fue presentado por Eduardo Murillo, propietario de terrenos invadidos por las viviendas. En el mismo tachaba de “vergonzante” que no se ejecutaran “resoluciones firmes” como “la que afecta a la vivienda de la presidenta del PP”, Ástrid Pérez.