Los doce acusados, sus doce abogados, la acusación popular, los testigos y los peritos tendrán que irse a vivir durante dos meses y medio a Las Palmas de Gran Canaria. Ese es el tiempo que durará la vista oral del caso Yate, que la sección segunda de la Audiencia provincial ha decidido que se celebre en la capital grancanaria, y no en Lanzarote, de lunes a jueves entre el 20 de marzo y el 1 de junio.

La vista se ha retrasado porque estaba previsto que se iniciara en enero. El escrito de acusación de Fiscalía habrá cumplido más de cuatro años cuando comience el juicio, que juzgará hechos que se produjeron a finales del Siglo XX.

El caso se inició con una querella presentada por el entonces consejero de política territorial del Cabildo, Carlos Espino(PSOE) basándose en un informe sobre la concesión masiva de licencias en Teguise y en Yaiza que fueron anuladas por la Justicia.

Después de una instrucción en la que hubo varios empresarios imputados, se archivó el caso para todos ellos y quedaron procesadas doce personas. El principal acusado es el ex alcalde José Francisco Reyes, al que la Fiscalía le pide una pena de 25 años de prisión.

Además, serán juzgados cuatro miembros de su familia, su mujer y tres de sus hijos, por blanqueo de capitales, y se les solicita una pena de cinco años de cárcel.

En el banquillo también estarán tres funcionarios del Ayuntamiento de Yaiza, el ex secretario Vicente Bartolomé Fuentes y el Jefe de la Oficina técnica, Antonio Lorenzo, a quienes se les pide una pena de seis años de prisión, dos años de prisión y diez años de inhabilitación, respectivamente.

También se sentarán en el banquillo los empresarios y asesores fiscales José Rafael Mesa Ferrer, Benito Mesa Ferrer y los socios de una de las hijas de Reyes, Simeón Camacho y Marcelo Machín, con peticiones de penas que oscilan entre los tres y los cuatro años y medio. La Fiscalía también solicita multas que se elevan hasta los seis millones de euros, en el caso de Reyes.

Según la acusación, el ex alcalde “tiene el récord de haber autorizado en tres días siete grandes establecimientos hoteleros en Yaiza, a sabiendas de la ilegalidad de su otorgamiento por su manifiesta contradicción con las normas urbanísticas en vigor".