El Cabildo de Lanzarote, presidido por el nacionalista Oswaldo Betancort, ha encargado la tasación del Mercadillo de la calle Real, un edificio histórico que fue Bien de Interés Cultural (BIC), una clasificación anulada por la Justicia por defectos formales, que fue retomada por la Corporación insular hace dos años y que está pendiente de que el Gobierno de Canarias vuelva a proteger el inmueble.

El encargo de la tasación se suscribió por parte del presidente del Cabildo este pasado miércoles. La semana pasada, el Área de Promoción y Desarrollo Económico informó de la necesidad de contratar la tasación del inmueble, del que hay referencias históricas desde comienzos del siglo XIX. El edificio es propiedad la empresa BTL, del promotor Juan Francisco Rosa.

La tasación ha sido contratada por el Cabildo por 3.852 euros, a la compañía Gloval Valuation, con sede en Madrid. Aunque en el decreto de adjudicación solo se menciona que el encargo es para la “tasación de un inmueble en la calle Real”, las fuentes consultadas por Diario de Lanzarote han confirmado que se trata del Mercadillo, ubicado en el número 14 de la considerada arteria principal de la capital lanzaroteña.

La tasación tiene que estar lista en un plazo de tres semanas y, según las fuentes consultadas, serviría de base para valorar una posible adquisición por parte del Cabildo del edificio histórico, que va camino de volver a protegerse como BIC con la categoría de Monumento. Otros dos inmuebles cuyos expedientes de protección se iniciaron en la misma época, hace unos dos años, ya han sido declarados bienes de interés cultural: el antiguo Hotel Oriental y el edificio Tamaragua, en los números 37 y 35, respectivamente, de la calle Real.

Rosa solicitó una “indemnización”

El Mercadillo de la calle Real ya fue protegido como BIC entre junio de 2006 y febrero de 2012, hasta que la declaración se anuló en vía judicial. En marzo de 2022 se volvió a incoar el expediente de protección del edificio. Juan Francisco Rosa presentó una serie de alegaciones en el marco del procedimiento. Una de ellas se centraba en reclamar una “indemnización por la pérdida de aprovechamiento edificable como consecuencia de la declaración de Bien de Interés Cultural”.

El empresario ha reclamado que se le indemnice por no poder construir en la céntrica calle Real con la misma edificabilidad que “los propietarios de las edificaciones del entorno”. El Cabildo rechazó en el pasado mandato esa alegación y señaló que Rosa debía formularla, “en su caso”, ante el Gobierno de Canarias, una vez se apruebe la declaración de BIC en Consejo de Gobierno.

Rosa también pretendía que antes de que se aprobase la declaración de BIC, el Cabildo aprobase un proyecto de intervención que había presentado para el Mercadillo. La Corporación insular se opuso, con el argumento de que no cabía la incorporación de un proyecto específico en ese expediente. Eso sí, en las condiciones del futuro Bien de Interés Cultural no se deja el edificio tal cual está sino que se permite “la remonta de una altura más”, es decir, podría construir una planta adicional, desde “la segunda crujía” hacia la calle trasera, la García de Hita.

Varias tasaciones

En el pasado mandato, bajo la presidencia de Dolores Corujo, el Cabildo encargó las tasaciones del antiguo edificio de Correos y de la conocida como Casa del Cabrerón, en la calle Pérez Galdós. De ambos inmuebles se iniciaron expedientes de compra. El año pasado se anunció que estaba previsto el desembolso de 2,5 millones por el edificio de Correos -salvo la última planta, que es de un particular- y 666.000 euros por la Casa del Cabrerón. Las fuentes consultadas apuntan que la compra de Correos está próxima, mientras que sobre el segundo inmueble, con valores históricos, se ha complicado por cuestiones burocráticas relacionadas con la propiedad.

Ya con Oswaldo Betancort en la presidencia del Cabildo, en agosto del año pasado, el Cabildo contrató al arquitecto Maximiliano Valero Padilla para la tasación de los terrenos de la antigua conservera Agramar. Este espacio fue utilizado por el Ayuntamiento de Arrecife para la celebración de los actos del último Carnaval.