El consejero de Hacienda del Cabildo, Luis Arráez, ha respondido este jueves a la denuncia en Fiscalía interpuesta por Podemos defendiendo “los levantamientos de reparos de intervención para el abono de facturas” que la institución “está obligada por Ley a pagar por la prestación de diversos servicios y suministros u obras”.

Arráez señala que no ha recibido ninguna notificación del Juzgado y que sólo conocen la denuncia de Podemos a través de los medios de comunicación. El consejero de Presidencia, Hacienda y Contratación defiende “el rigor en la gestión económica llevada a cabo en los procesos de contratación y tramitación administrativa de la Institución, tanto en lo relativo a la dirección política como en la corresponsabilidad técnica”.

Así, destaca “los indicadores económicos y financieros que se desprenden desde el año 2010, con datos que certifican la notable mejoría en la mayoría de los indicadores”. Arráez reitera en “la seriedad, honradez y buena fe de los técnicos de los diferentes departamentos y organismos dependientes de la Institución que hacen las propuestas de gasto, compras o contratación y dan conformidad de que los suministros, servicios y obras se han realizado correctamente por las distintas empresas proveedoras y de acuerdo a los procedimientos establecidos”.

“Todas las administraciones públicas, sin excepción, están obligadas por Ley a pagar a todos aquellos proveedores que presten servicios, suministros u obras al objeto de no incurrir en un ‘enriquecimiento injusto’ de la Institución por no abonar las facturas, independientemente que se produzcan disfunciones obligadas y no deseadas en los procedimientos”, señala.

“El que se produzcan, por distintos motivos, este tipo de disfunciones en todas las administraciones públicas de España, y el Cabildo no es ninguna excepción, no quiere decir que se haya carecido de procedimiento en las contrataciones o pago de estas facturas; es decir, no se ha contratado ningún servicio o adquirido un suministro a ningún proveedor ‘a dedo’ ni se ha tratado de beneficiar a ninguna empresa, como trata de denunciar pública y falsamente Podemos”, afirma el consejero.

El responsable de Hacienda sostiene que “estos levantamientos de los reparos de intervención, realizados por el presidente o por el propio pleno que son los únicos órganos que por Ley pueden hacerlo, se han realizado en esta administración siempre previo informe técnico de justificación de la necesidad y las explicaciones sobre las razones que han abocado a la Institución a realizar la contratación, nunca sin procedimiento, además de la obligación de abonar la prestación del servicio o suministro”.

Arráez señala circunstancias como el “principio de continuidad en la prestación del servicio y suministro al objeto de no paralizarlo, en tanto no finalice el nuevo procedimiento de contratación, que se puede retrasar por múltiples causas, no siempre imputables a la administración, y se adjudique el nuevo contrato o, en muchos casos, por el retraso incluso en la presentación de facturas por parte de los propios proveedores”. “Esto último, principalmente ocurre a finales y principios de año con el paso de un ejercicio a otro”, explica el consejero de Hacienda.

El consejero de Hacienda asegura que “no se ha contratado ningún servicio o adquirido un suministro a ningún proveedor ‘a dedo’ ni se ha tratado de beneficiar a ninguna empresa”

El consejero destaca que “también ocurre que algunos de estos servicios y suministros, por su especial complejidad, han quedado desiertos en los procedimientos de licitación y es absolutamente necesaria la continuidad en la prestación de los mismos; como es el caso de Hospital Insular que en ningún momento se puede dejar de suministrar productos farmacéuticos”.

Arráez recalca que “la totalidad de las obras y suministros y servicios del Cabildo de Lanzarote se adjudica a través de contratos mayores o menores o mediante propuesta de gastos con un mínimo de tres presupuestos solicitados ‘voluntariamente’, no estando obligados por Ley a solicitarlos” y “en algunos casos se llevan a cabo dichas propuestas de gastos hasta con seis presupuestos diferentes”.

El consejero asegura que el gobierno se “auto impuso” en las bases de ejecución del presupuesto la obligación de solicitar como mínimo tres presupuestos diferentes para concurrir precisamente a la mejor oferta económica y abaratar costes y gastos a la administración.

Por lo tanto, añade, “nada más lejos de la realidad el que se haya producido ningún perjuicio para la Institución”. “Esta auto imposición se realiza en contratos o compras de servicios y suministros de más de 600 euros en gastos corrientes y en 1.000 euros para inversiones”, algo “prácticamente inusual en la administración pública de toda la geografía española”, agrega.

“En general”, indica Arráez en un comunicado, “los reparos corresponden con errores administrativos o disfunciones puntuales y excepcionales de cierto tipo de servicios o suministros”, como gastos “farmacéuticos, gastos de agencias de viaje o seguridad, entre otros, que son en muchos casos susceptibles de convalidación o de seguir tramites procedimentales específicos”.

Más detalles

HOSPITAL. El consejero indica que “muchos” reparos de intervención corresponden a contrataciones “del Hospital Insular de gastos farmacéuticos, como por ejemplo los productos y medicamentos prescritos por los responsables médicos o facultativos de farmacia del mismo, siendo un número elevado de compras de fármacos específicos a ciertos laboratorios”.

MÍNIMO. “Sobre la cuantía de estos reparos, informar que a pesar de que efectivamente lo deseable es que no existan los mismos, sobre el total del gasto corriente e inversiones del Cabildo, que son unos 40 millones de euros, el porcentaje de dichos reparos es mínimo”, añade.

UNIFICACIÓN. “El Cabildo de Lanzarote está realizando desde hace varios años un gran esfuerzo en la unificación de los gastos por la prestación de servicios y suministros comunes, en una administración que cuenta con más de una treintena de áreas, servicios y centros diferentes”, apunta el consejero.

PLAN. “Fruto de estas políticas restrictivas es el Plan de Contención del Gasto que se impulsó desde la Presidencia y la Consejería de Hacienda del Cabildo y que ha supuesto, a lo largo de estos años, una drástica reducción de los gastos muy importante para la Corporación insular”, continúa Arráez.

DIRECCIÓN. El consejero reitera “la buena fe tanto de la dirección política como técnica en las diferentes contrataciones conforme a que todos los levantamientos de reparo firmados por el presidente del Cabildo o dado conformidad el pleno de la Corporación para poder pagar las facturas a los proveedores que han prestado sus servicios de manera correcta”.

JUSTIFICADOS. Arráez destaca que los gastos “han sido justificados por diferentes informes y están sometidos al citado principio de 'interés general' y de no incurrir en un 'enriquecimiento injusto'. De igual forma, todos los pagos que se realizan, una vez se ha levantado el reparo, han sido fiscalizados con conformidad de la Intervención”.