El magistrado Rafael Lis, titular del Juzgado de instrucción número 3 de Arrecife, declaró en calidad de investigado el pasado martes ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que admitió una querella contra él interpuesta por el ex secretario del Juzgado de instrucción número 5 de Arrecife, José Ramón,  Vera, el primer secretario del caso Unión.

Lis debe responder de los delitos de falsedad documental, prevaricación judicial y retardo malicioso de la administración de justicia. El juez instruía, a su vez, una  denuncia de uno de los principales imputados en Unión, Luis Lleó, contra Vera y contra dos agentes de la UCO.

De esta causa primero fue apartado por la Audiencia provincial, y por la misma causa fue sancionado por parte del Consejo General del Poder Judicial con seis meses sin empleo y sueldo por no haberse apartado a tiempo y admitir una ampliación de denuncia sobre los mismos hechos, que ya habían sido descartados como delictivos por el TSJC. La sanción aún no ha comenzado a cumplirla porque la ha recurrido.

Lis tenía que haberse apartado voluntariamente porque había sido recusado por el juez Pamparacuatro, que era el denunciante de la causa original, la que investigaba el robo o sustracción de autos del sumario del caso Unión. Lis había permitido en esa causa la personación de varios imputados del caso Unión en calidad de perjudicados. Entre ellos estaba Juan Francisco Rosa, que había contratado poco antes como abogada para el caso Stratvs a Margarita Alejo, esposa de Lis y administradora de la sociedad Lexislas Global. El juez Pamparacuatro recusó a Lis porque dudaba de su imparcialidad, debido a su relación con Alejo y, por lo tanto, con Rosa.

La sociedad Lexislas Global la había creado Lis en 2003, cuando ejercía la abogacía, y había sido administrador de dicha sociedad hasta abril de 2009. En el Registro mercantil, sin embargo, seguía apareciendo como apoderado de la sociedad “con poderes amplísimos”, según decía el escrito de recusación, que añadía que, al estar esa sociedad dirigida por la abogada, mantendría la “subordinación o dependencia” de esa administradora.

El magistrado, que declaró como investigado en el TSJC esta semana, solicitó el atraque en junio de 2013 a pesar de que afirmó que no tenía nada que ver con Lexislas Global desde febrero de ese año

También destacaba el escrito de recusación que Lexislas Global tiene el mismo domicilio social que el despacho de Margarita Alejo, por lo que Lis tendría acceso a ese domicilio por su condición de apoderado general y podría, por lo tanto, tener acceso a la causa de Rosa y se podría producir “un intercambio de informaciones”.

Por su parte, Lis se opuso a su recusación negando “cualquier vínculo con la mercantil Lexislas Global”. El juez sostenía que esa acusación se basaba en información “incompleta y desfasada” porque había vendido todas sus participaciones a su mujer en febrero de 2013, antes de reincorporarse a la carrera judicial.

En su escrito de defensa reiteraba que no tenía nada que ver con esa sociedad, que la transmisión de participaciones sociales no se inscribe en el Registro mercantil y que transmitió esas participaciones sociales el 15 de mayo de 2009. Afirmaba que había renunciado voluntariamente a cualquier apoderamiento en la entidad.

Sin embargo, a pesar de afirmar que ya en febrero de 2013 había desaparecido cualquier relación suya con Lexislas Global, cuatro meses después, en junio, Lis se presenta ante Puertos Canarios como patrón del velero Kiss 2000, solicitando un atraque en Puerto del Carmen, en el puerto de La Tiñosa. Lis utiliza ese barco como vivienda en Lanzarote.

El barco, un velero, tiene más de trece metros de eslora y cuatro de manga. Fue construido en el astillero Beneteau en el año 2000 y pertenece, al cien por cien, a la sociedad Lexislas Global, según revela el Registro marítimo español, del Ministerio de Fomento. De hecho, es uno de los principales bienes de la sociedad con la que Lis negó tener cualquier tipo de relación a pesar de que incluso paga el atraque. Por este motivo, según las fuentes jurídicas consultadas, presuntamente podría haber cometido falsedad documental al negar su relación con la sociedad que creó él mismo en un escrito enviado a la Audiencia.