El alcalde de Arrecife, José Montelongo (PSOE), que estaba citado a declarar este lunes por la mañana en el Juzgado número 4 de Arrecife por el caso Montecarlo, ha decidido no hacerlo alegando que no ha tenido tiempo para estudiar la nueva documentación aportada a la causa por la Fiscalía. Los otros dos imputados llamados a declarar hoy, el interventor Carlos Sáenz y el empresario Carlos Lemes, han solicitado la misma medida.

Montelongo se ha ratificado en sus dos declaraciones anteriores (la primera de julio de 2012) y solicitará declarar de forma voluntaria una vez que su defensa estudie la documentación. Además, su defensa ha planteado que se aporte más documentación. El martes está previsto que declare el técnico de festejos José Nieves.

La citación se producía en la pieza relacionada con la empresa Inelcon. Montelongo también está imputado en la pieza de Tunera. Esta declaración se había suspendido ya dos veces, en octubre de 2015 porque no se les había dado traslado de documentación y el pasado 3 de febrero por la misma circunstancia. Finalmente, los imputados han alegado que no les ha dado tiempo a estudiarse la causa en estas tres semanas.

Dentro de esta pieza, la Fiscalía, en un informe del año pasado, y ante la petición de archivo por parte del alcalde, consideraba que los indicios de su responsabilidad penal se han reforzado. Según el fiscal, los documentos aportados por el ex tesorero del Ayuntamiento, Antonio Cabrera Panasco, durante sus declaraciones judiciales, corroboran la declaración de la tesorera accidental Carmen Villaverde y dejan constancia escrita del interés de Montelongo, cuando era concejal de Hacienda, "en evadir la prelación de pagos de forma inmotivada e ilegal en contra de los intereses generales municipales" y en favor de las empresas Inelcon y Señalcon.

Montelongo está acusado de aprobar el gasto para pagar facturas de esas empresas de electricidad, que llegaron a facturar, sólo en la Navidad de 2010, hasta 250.000 euros. El Ministerio Público apunta que también hubo otro reconocimiento de facturas a favor de las mismas empresas poco tiempo después del que se hizo en noviembre de 2011, "y cuyo análisis resulta imprescindible para esclarecer su participación".

Montelongo, en sus dos declaraciones judiciales, según sostiene el fiscal, "no ha sabido dar explicación mínimamente razonable a conceptos tan elementales y propios de su cargo (precisamente concejal de hacienda), como el procedimiento para el reconocimiento de una obligación de pago y ejecución del gasto, ha conformado facturas irregulares con cantidades legalmente indebidas, ha ordenado el pago de múltiples facturas irregulares y ha impulsado el reconocimiento de otras muchas por elevadísimas cantidades sin el mínimo control que dichas actuaciones exigían". El fiscal considera tomó una postura "claramente activa y pro-pago" de las facturas a esas empresas "a sabiendas de su ilegalidad".