Los diputados canarios de Podemos en el Congreso, Victoria Rosell, Meri Pita y Alberto Rodríguez, presentaron una Proposición No de Ley sobre prospecciones de hidrocarburos en Lanzarote y Fuerteventura, unas operaciones que Rosell define como "uno de los episodios más flagrantes de connivencia del Gobierno con las multinacionales en detrimento del interés general".

Se refiere así a “la utilización que hizo el Partido Popular de su mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, en el Senado y en las instituciones ministeriales”, para imponer "por la fuerza" al pueblo canario la ejecución de unas operaciones “de alto riesgo ambiental”, según recoge el texto de la iniciativa parlamentaria.

En 2012, el Gobierno de España aprobó un Real Decreto autorizando a un consorcio de tres multinacionales petrolíferas liderado por Repsol a iniciar actividades de prospección de hidrocarburos en aguas profundas a escasos 10 kilómetros de las costas de Fuerteventura y a 18 kilómetros  de Lanzarote. Un Real Decreto que, subraya Podemos, “fue aprobado bajo la Secretaría de Estado de Fernando Martí, un ex alto cargo de Repsol”.

La decisión fue  adoptada contra el criterio de los Cabildos de Lanzarote y Fuerteventura y del Parlamento y Gobierno de Canarias y “contra el sentir general de la ciudadanía y del sector científico y empresarial”. En la pasada legislatura, PP “sistemáticamente impuso su mayoría para desestimarlas en favor de la multinacional Repsol”.

Podemos también destaca que el espacio marino de Lanzarote y Fuerteventura “es considerado como una de las áreas marinas de mayor biodiversidad del planeta”. “Sin embargo”, añade “esta área” sobre la que se ha instado la protección como lugar de interés comunitario “fue literalmente cercenada en un 50 por ciento por el Gobierno de España en 2013 con la finalidad exclusiva de que las operaciones de Repsol quedasen fuera del espacio a proteger, como finalmente ha sucedido”.

La concesión a Repsol para perforar “no ha sido invalidada y mantiene su vigencia hasta agosto de 2017”

"Cuando se gobierna para las grandes empresas y no para la gente se pone en riesgo el medio ambiente. En este caso el mar del que vivimos y del que bebemos en el caso de Canarias. Además quedó demostrada la falsedad de las perspectivas de empleo procedente del territorio", afirma la diputada Victoria Rosell.

Rosell recalca que a pesar de que, tras una primera perforación Repsol anunciara su retirada argumentando que los resultados no fueron positivos, “la concesión no ha sido invalidada y mantiene su vigencia hasta agosto de 2017”.

Por eso, la proposición de Podemos insta al Gobierno a revocar de forma “urgente” el Real Decreto que autorizó las prospecciones y al Ministerio de Industria, Energía y Turismo a suspender "de forma inmediata" la resolución por la que se autoriza la ejecución de sondeos exploratorios.

También reclama iniciar la tramitación para la declaración "de  un Área Marina Protegida  (AMP) con nomenclatura  de  Santuario  Internacional  de  Cetáceos,  y  comunicar  a  la  Comisión Europea la modificación del área propuesta por España como LIC del Oriente y Sur de Lanzarote y Fuerteventura para que la zona a proteger abarque las coordenadas establecidas en la Propuesta de LIC marino de WWF para esta área".