La Fiscalía provincial de Las Palmas ha recibido una denuncia en la que se solicita al Ministerio Fiscal que intervenga “para evitar que se continúe cometiendo un aparente delito de prevaricación administrativa” al no ejecutarse las órdenes de derribo de parte de las viviendas de La Bufona, en Arrecife, que invaden suelo rústico.

El denunciante, Eduardo Murillo, destaca que reclama la “intervención” de la Fiscalía “ante la alarma social suscitada por la percepción por parte de la ciudadanía de la existencia de una justicia implacable para unos y totalmente ausente para otros”.

“No parece que la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) actúe conforme a la ley si a unos privilegiados se les permite construir ilegalmente y ni se les sanciona, si se ejecutan las resoluciones firmes emitidas hace años de demolición que afectan a sus viviendas”, señala el denunciante en relación a las casas de La Bufona.

En la denuncia se compara el caso de las viviendas de La Bufona, construidas en parte sobre suelo rústico de protección de jable, con el de la “conocida como abuela de Fuerteventura”, Josefa Hernández, quien fue condenada a seis meses de prisión y a demoler la ampliación de su vivienda levantada en suelo rústico protegido.

Murillo, que es “titular registral y catastral de los terrenos urbanos y rústicos de La Bufona que están ocupados por construcciones ilegalizables”, destaca que entre ellas se encuentra la de Ástrid Pérez, presidenta insular del PP, diputada autonómica y concejal en Arrecife, “sobre la que pesa resolución firme de demolición emitida por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun)” en febrero de 2013.

Así, asegura en la denuncia que la vivienda de Pérez “está construida desde hace ya 15 años sobre suelo rústico de protección ecológica, que no es propiedad” de la presidenta del PP, añade, “puesto que no consta ni en escritura pública, ni en el Registro de la propiedad”, que “haya comprado a nadie el suelo rústico que ocupa su vivienda”.

“Al contrario de lo que ha ocurrido con Josefa Hernández, a los propietarios de viviendas ilegalizables” en La Bufona “no se les ha procesado”

“Pero al contrario de lo que ha ocurrido con Josefa Hernández, a los propietarios de viviendas ilegalizables” en La Bufona, “no se les ha procesado por construir sobre suelo rústico de protección” a pesar de que desde le Apmun “les imputan” la “autoría” de “muchas obras ilegalizables acometidas sobre suelo rústico protegido” después de haber comprado las viviendas a la promotora Brisa Inversiones.

De este modo, añade Murillo en la denuncia, “los propietarios de viviendas ilegalizables en La Bufona estarían incurriendo en la misma actitud desafiante que se achaca a Josefa Hernández y lejos de reparar el daño causado, al construir en una zona protegida, no solo no han demolido sus construcciones ilegales, sino que han continuado ampliándolas, además de añadir piscinas sobre un suelo rústico protegido”.

Críticas a la Apmun

En la denuncia ante la Fiscalía se tacha de “vergonzante” que “el Gobierno de Canarias no ejecute resoluciones firmes de demolición desde hace más de dos años y medio” amparándose “la funcionaria responsable de dicha resolución de demolición” en la “peregrina excusa” de que “la Administración no incurre en responsabilidad hasta transcurridos 15 años desde que adquirió firmeza” la orden, por lo que “se debe esperar hasta el año 2028 para ejecutarla”.

“La inacción de la Apmun arranca desde el año 2000” al no hacer “cumplir su resolución de precinto y corte de suministro de agua y electricidad”, que “es totalmente efectiva y ejecutiva a día de hoy”, “permitiendo que se ejecute la urbanización La Bufona, triplicando la densidad edificatoria permitida, sin contar con accesos viarios” adecuados y “ocupando suelo rústico protegido, viales, zonas verdes” y “aparcamientos públicos”.