Cuarenta compradores de villas en el plan parcial Playa Blanca han presentado varias demandas en los Juzgados solicitando la nulidad de los contratos de compraventa y las escrituras de las casas y la devolución del dinero pagado por ellas más intereses y una cantidad por daños y perjuicios. Tanto el plan parcial como las licencias de obra para la construcción de las distintas urbanizaciones están anulados desde hace años. La cantidad que solicitan ronda los 10 millones de euros, a una media de 270.000 euros por cada villa.

Los compradores de las urbanizaciones La Granja y El Partidor, en dos demandas distintas, piden la devolución a los vendedores, las mercantiles Palmera Canaria, Explotaciones Agueri, Promociones Alabena y Ayamar Proyect, que pertenecen, entre otros, a los empresarios Domingo Rodríguez Cedrés, Federico Díaz de Aguilar o José Antonio Olano Moliner.

En la demanda se señala que varios de los promotores, como Agueri o Rodríguez Cedrés, eran propietarias de fincas desde los orígenes de la constitución y funcionamiento de la Junta de Compensación, a finales de los años ochenta, por lo que conocían al detalle todas las cuestiones relativas a la gestión y ejecución de la urbanización, y que también habían participado en la promoción de otros planes parciales, como Las Coloradas, y que siguieron en esta ocasión la misma estrategia jurídica, de hechos consumados, que se había seguido antes en aquel plan.

“Las evidencias documentales muestran que tuvieron en todo momento (los vendedores) un conocimiento privilegiado de todas las vicisitudes judiciales relacionadas con la impugnación de actos administrativos de aprobación de actuaciones de urbanización y edificación en el ámbito del Plan Parcial Playa Blanca”, dice la demanda.

El plan parcial fue extinguido por la entrada en vigor de la Ley de medidas urgentes de 2001 pero se siguió tramitando con numerosas irregularidades y se siguieron concediendo licencias. En la demanda se reflejan hasta 14 sentencias contra actos de ese plan, incluidas varias en las que se les da la razón a los compradores, obligando a estos empresarios a devolverles el dinero, y en las que se habla de mala fe por parte de los vendedores.

El Cabildo y la Fundación César Manrique recurrieron el plan parcial y las licencias, y los tribunales les dieron la razón. En las demandas presentadas ahora se dice que los promotores conocían esta circunstancia a la perfección y sin embargo no advirtieron de ello a los compradores, ocultándoles información.

Se apunta como una de las figuras centrales de este proceder al abogado Ignacio Díaz de Aguilar, que es el letrado de los promotores del plan parcial desde 2002 y el autor de un informe de 2004, en el que se apoyó el Ayuntamiento de Yaiza para iniciar la urbanización en contra de las numerosas advertencias de ilegalidad. En lugar de parar las obras, los promotores incrementaron el ritmo de su ejecución.

Los vendedores no les advirtieron de los problemas legales de las casas y reclaman la devolución del dinero que pagaron por la compra

En estas demandas también se acusa a estos vendedores de mala fe, e incluso de utilizar a los compradores como “cobayas humanas al servicio de una estrategia jurídica suicida, que pretende blindar una situación jurídica mediante la interposición de terceros adquirentes de buena fe, que son empleados como barrera humana frente a la pretensión de la Administración urbanística y de los Tribunales de Justicia de restauración de la legalidad urbanística y reposición de la realidad física transformada a su estado físico originario”.

Los actuales compradores consideran que las empresas vendedoras no cumplieron sus contratos porque “el objeto entregado (la casa) no cumple las expectativas, que son exactamente las prometidas por los vendedores, que afirmaban que se trataba de una inversión altamente rentable y cuyo valor habría de incrementarse considerablemente en el futuro” y porque no se les advirtió “del más leve atisbo de irregularidad urbanística o administrativa”.

Con la aprobación del nuevo Plan General supletorio de Yaiza, se dibuja un nuevo plan parcial Playa Blanca que permitirá la legalización de las villas construidas e incluso se incorpora una nueva parcela hotelera que no estaba en el plan original.