El Juzgado de lo penal número 1 de Arrecife ha condenado al empresario Nemesio González Viera, representante de la sociedad de transformación agraria Tablero de Las Quemadas, a un año de prisión y una multa de 3.000 euros por un delito contra la ordenación del territorio por hacer unas obras en suelo rústico en una finca dentro del Paisaje protegido de La Geria, en el término municipal de Tinajo.

Las obras fueron denunciadas por el Servicio de protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en el año 2008 y el juicio se celebró el pasado 26 de marzo. Según la sentencia, González realizó obras de transformación del suelo de forma ininterrumpida desde 1998 a 2008 sin contar con licencia municipal ni calificación territorial del Cabildo.

Además, tendrá que presentar un plan de reposición de la finca y demoler una parte de las obras, consistentes en “desmontes, amurallamientos, extracciones, excavaciones, explanaciones y movimientos de tierras” que se encuentran en la zona de la montaña de Iguadén, cuyas obras no son autorizables, mientras que tendrá que rebajar la altura de los muros hasta setenta centímetros en la otra zona de la finca.

El acusado se defendió señalando que las obras se amparaban en una resolución  de 1999 del Cabildo de Lanzarote, pero el juez considera que “en modo alguno ello puede ser así” ya que esa resolución tenía una vigencia de cinco meses, y las obras continuaban en 2008, y solo se refería a la distribución de arena en la finca y la construcción de muros de piedra perimetrales y cortavientos.

La sentencia destaca que durante la tramitación de la causa ha tenido lugar “un hecho de especial relevancia de cara a observar el carácter autorizable o no de una construcción”, como es la aprobación del Plan Especial del Paisaje Protegido de La Geria, en enero de 2013.

Obras sin pedir licencia

El departamento de Medio Ambiente del Cabildo consideró que esas obras eran compatibles con la normativa del Plan siempre y cuando cumplieran hasta quince condicionantes. Esa posible legalización no alcanzaba a toda la finca, y el propio perito de la defensa reconoció que una parte se había excluido de la legalización porque el Plan Especial se había suspendido en esa zona. El Juzgado considera que el acusado hizo las obras sin pedir licencia y que pretende legalizarlas sólo después de ser denunciado.

“El acusado prescindió de todo tipo de atención a la legalidad administrativa que afectaba a la obra que realizaba (...), además no se vio afectado por inquietud alguna durante el desarrollo de una construcción no pequeña en extensión y complejidad, durante varios años”, señala la sentencia.

“Resulta imperdonable la despreocupación”

También considera el juez que González Viera no puede alegar ignorancia o desconocimiento sobre la situación urbanística de su finca ya que es administrador de una empresa inmobiliaria y está familiarizado con ese tipo de expedientes.

Preguntado en el juicio sobre si conocía que el suelo estaba protegido su respuesta fue que “en Lanzarote todo el suelo está protegido”. “Bajo esa concepción que tiene el propio acusado, resulta imperdonable la despreocupación, llenando de forma plena el elemento subjetivo requerido por el tipo penal”, señala el juez Manuel Castro Calvo.