Este lunes comenzó en la Audiencia Provincial de Las Palmas el juicio de la denominada pieza 13 del caso Unión, un juicio en el que se acusa a los procesados de delitos de prevaricación, falsedad en documento mercantil, fraude y malversación continuada de caudales públicos.

La Fiscalía pide seis años de prisión para el interventor del Ayuntamiento, Carlos Sáenz, el ex jefe de la Oficina técnica, Rafael Arrocha, y el ex concejal del PIL, José Miguel Rodríguez, por la trama de las facturas falsas de electricidad que se pagaban a la empresa Proselan, del empresario José Daniel Hernández Arráez, para quien se piden cinco años y seis meses de cárcel.

Los tres primeros están acusados de tres delitos: prevaricación administrativa,  malversación de caudales públicos y fraude, como autores en este último caso y como cooperadores necesarios en el caso de los funcionarios en los otros dos delitos. El empresario suma a estos tres delitos el de falsedad en documento mercantil y se le considera inductor a la prevaricación.

Los hechos se remontan a septiembre de 2008 cuando los cuatro acusados, según la Fiscalía, idearon “un plan  que tenía por objeto la arbitraria expoliación de fondos públicos titularidad del Ayuntamiento de Arrecife" para lo cual "crearon la apariencia de que se iban a prestar determinados servicios de iluminación y otros de electricidad en diferentes fiestas de la ciudad de Arrecife, a sabiendas de que los referidos servicios nunca iban a ejecutarse”.

Según la Fiscalía, se facturaban trabajos de electricidad por parte de Proselan para fiestas de barrios y se adjudicaban esos de forma directa a pesar de que excedían la cantidad de 18.000 euros. Se trata de 14 facturas  que suman 350.000 euros, presentadas entre diciembre de 2008 y abril de 2009  y se llegaron a pagar 250.000 euros a pesar de que los trabajos, según la Fiscalía, nunca se ejecutaron.