En una demanda de 62 folios, Ignacio Stampa, el fiscal adscrito a la sección de medio ambiente en Lanzarote, pide una indemnización de 350.000 euros por las descalificaciones reiteradas vertidas contra él desde hace cinco meses por el periodista Francisco J. Chavanel en el programa de radio ‘El Espejo canario’ y en el periódico ‘Canarias 7’, que también aparecen como codemandados.

Se trata de una demanda de protección al honor que describe de forma pormenorizada todos esos ataques y se acompaña de documentos que desmontan las teorías conspiratorias creadas en torno a la actuación del fiscal en los casos Unión y Stratvs. “Estas manifestaciones no solo son falsas sino que atentan directamente contra el honor del fiscal”, dice la demanda.

Los abogados del fiscal describen todas las acusaciones, calificadas como injurias y calumnias con publicidad, resumidas en trece hechos que suponen acusar al fiscal de haber actuado dentro esos dos casos de forma irregular e incluso haber prevaricado para favorecer, por un lado al ex teniente alcalde de Arrecife, Antón Hernández, según las informaciones publicadas por Chavanel, por otro al PSOE y la Fundación César Manrique, con quienes les atribuye estar relacionado estrechamente, además de haber sido apartado del caso Unión por extralimitarse en sus funciones, de influir en magistrados de instrucción y de la Audiencia Provincial y de tratar de tener doble rasero con el resto de bodegas de La Geria.

El fiscal documenta que todas esas acusaciones son falsas. En el caso de Antón Hernández se le ha estado acusando de haber disfrutado de una vivienda gratis en el año 2004 (cuando presenta los recibos de pago) o de un coche de alta gama, como pago por no haber imputado al ex político dentro del caso Unión. El caso es que el pago del favor se habría hecho cuatro años antes de haberse producido el favor, algo que no encaja. En cuanto al coche, ni siquiera hubo relación comercial de ningún tipo.

En las informaciones del periodista también se asegura que fue apartado del caso Unión por extralimitarse en sus funciones cuando lo que ocurrió fue que su superior jerárquico decidió ponerse al frente del caso al considerar que, por su naturaleza jurídica y su trascendencia debía ser la máxima autoridad de la sección de medio ambiente quien lo llevase.

También se acusó a Stampa de cerrar la bodega Stratvs, cuando la decisión la tomó la juez instada por la acusación particular y apoyada por el Cabildo de Lanzarote, y se le acusó de suspender un juicio a la bodega Bermejo cuando la Fiscalía no puede suspender juicios y ni siquiera era Stampa el representante del Ministerio fiscal en ese pleito.

El fiscal pide una indemnización de 350.000 euros por las descalificaciones reiteradas vertidas contra él

La defensa del fiscal considera que ha habido “un acoso mediático y difamatorio” y que el periodista ha hecho “afirmaciones reiteradas, gratuitas y ofensivas” y asegura que es lamentable que ninguna de las afirmaciones haya sido contrastada. Entre las descalificaciones que se recogen está la de considerar a Stampa “el sheriff de Lanzarote” que manda y dirige la Fiscalía a su antojo, caricaturizándolo como “el sheriff de Nonthingam, prevaricador, codicioso y abusón”. El fiscal obtuvo en el mes de julio el apoyo del Consejo fiscal, que pidió que cesaran los ataques aunque la campaña continuó.

En la demanda se recogen 53 sentencias desde 1988 hasta 2008 con condenas por injurias y calumnias que tuvieron que pagar entre 12.000 y 150.000 euros, y se asegura que ninguna de ellas es equiparable a este caso por la gravedad, reiteración, variedad y duración de las agresiones.

“Lo lamentable -dice la denuncia- es que una gran parte de la audiencia, dando un crédito inmerecido al locutor, cree a pies juntillas que existe un sheriff de Lanzarote con poder omnímodo sobre los demás jueces, fiscales, abogados, instituciones públicas e instituciones privadas de la isla”.