Los ayuntamientos de la Isla han perdido ya, como mínimo, 7,2 millones de euros por contratar productos tóxicos, conocidos como SWAP, principalmente con el Banco Santander. Tan sólo se libran los dos más pequeños, Tinajo y Haría. Todos los ayuntamientos, excepto el de Yaiza, han optado por acudir a los tribunales para pedir la nulidad del contrato con la entidad bancaria y poder aplazar el pago o no pagar si la Justicia les da la razón.

Algunos jueces, también en Lanzarote, están decretando la nulidad de esos contratos cuando se trata de un producto firmado entre el banco y un particular y cuando este último demuestra o bien que el banco no advirtió claramente de los riesgos o bien que la persona que contrataba el producto no tenía los conocimientos suficientes para entender lo que estaba firmando.

Este tipo de producto se vendía a los ayuntamientos como una forma de blindar a la institución ante la posible subida de los tipos de interés, para paliar un efecto negativo, aunque en la práctica, en todos los casos, ha acabado siendo muy perjudicial para las arcas públicas.

El Ayuntamiento de Arrecife y del San Bartolomé fueron los primeros en contratar este tipo de producto. Lo hicieron en 2004 y lo confirmaron en distintas prórrogas a lo largo de los años. Teguise lo firmó en 2006, Tías en 2007 y Yaiza en 2008. En el caso de Arrecife, la ex alcaldesa María Isabel Déniz lo firmó con el director de una sucursal bancaria que a su vez regentaba una empresa de peluquería que facturó en los dos años siguientes 150.000 euros al Consistorio que ella presidía.

Arrecife es el que lleva más avanzada la reclamación judicial. Ya ha contratado a un abogado y reclama en los tribunales 3,5 millones, que es el dinero que ha perdido durante estos años. Este año el grupo de gobierno (CC y PSOE) decidió emplear 1,2 millones de euros que debía destinar a pagar este producto de permuta financiera, en terminar el plan de barrios, en subvenciones a escuelas deportivas y en un plan de empleo social.

Varios ayuntamientos, como San Bartolomé, solicitaron dictámenes al Consejo Consultivo de Canarias que decidió anular el contrato marco de las operaciones financieras y los sucesivos contratos de permuta financiera entre el banco y el Ayuntamiento. Teguise reclamará unos 600.000 euros. Tías, que contrató el producto en 2007, también ha perdido unos 750.000 euros, y anunció que reclamaría esa cantidad judicialmente.

Por su parte, Yaiza ha valorado, según fuentes municipales, la posibilidad de iniciar acciones para la nulidad pero de momento no lo ha planteado. El Ayuntamiento sureño firmó el SWAP en 2008 por un importe de 13 millones, lo confirmó en 2010 y pierde aproximadamente unos 300.000 euros al año. El producto vence en 2017.

El Consejo Consultivo dice a Teguise que acuda al Juzgado

Teguise solicitó que el Consejo Consultivo de Canarias se pronunciara sobre la nulidad de los contratos del SWAP y el Consejo le responde que, como era una operación que servía de cobertura para la financiación del Ayuntamiento, está fuera de la legislación de contratos de la Administración y por tanto debe ser un Juzgado el que determine la nulidad o no.

Teguise contrató el producto en 2006 como una fórmula de refinanciación o convenio de una deuda que arrastraba desde 1999 de 4.500 millones de pesetas. En 2010 el interventor informó favorablemente sobre este producto y la cantidad ascendía ya a 9,5 millones de euros. El banco pide una indemnización de 1,6 millones por anular el producto.

En su dictamen, el Consejo Consultivo, aunque no resuelve, dice que este tipo de contrato se puede calificar como “aleatorio o especulativo, complejo y de alto riesgo” y considera que se puede incurrir en nulidad de pleno derecho por varias causas: por haberse suscrito vulnerando el procedimiento legalmente establecido, por haberlo hecho por un órgano incompetente, ya que la competencia es del pleno, y por carencia o insuficiencia de crédito.