El procedimiento judicial que nació hace 13 años por la denuncia penal sobre la licencia de Costa Roja, otorgada en diciembre de 2006 a Luis Lleó para construir más de mil viviendas en esa parcela de Playa Blanca, ya tiene escritos de acusación. La Fiscalía pide tres años y tres meses de inhabilitación y unos 4.000 euros de multa para tres acusados por prevaricación administrativa y la acusación popular, en representación del denunciante, Carlos Espino, la eleva a 15 meses de prisión y siete años de inhabilitación por prevaricación continuada.

Los tres acusados son el exalcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, el exsecretario Vicente Bartolomé Fuentes y el exjefe de la Oficina Técnica, Antonio Lorenzo. Los tres han sido condenados en otras piezas, ya no están en el Ayuntamiento e incluso los dos primeros ingresaron en prisión.

La Fiscalía y la acusación reconocen la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas extraordinarias. La causa se instruyó en el Juzgado número 3. Cuando su titular era el juez Rafael Lis se extraviaron varios autos, en mayo de 2016, que aparecieron “indebidamente archivados” en agosto de ese mismo año.

En los escritos de acusación se relata que tanto el secretario como el jefe de la Oficina Técnica de Yaiza no advirtieron en sus informes de que el proyecto no encajaba en la planificación municipal ni en la ordenación del territorio vigente en aquel momento.

Bartolomé se limitó a enumerar los requisitos para la licencia en sus informes sin informar de forma negativa, y Lorenzo no expresó que el proyecto no tenía encaje legal. Obviaron que el proyecto no se adecuaba a la legalidad urbanística y territorial. Por su parte, Reyes otorgó la licencia y después otra para el proyecto de ejecución, en junio de 2007.

Terrenos de Costa Roja, en la entrada de Playa Blanca.

En 2006, Reyes dio una licencia ilegal para construir 45 edificios para 1.012 viviendas, 228 locales y 2.559 plazas de garaje en un suelo no apto para edificar

El proyecto lo presentó la empresa Residencial Costa Roja, representada por Luis Lleó, en agosto de 2006. Contemplaba la construcción de 182.283 metros cuadrados, construidos en una parcela de 53.583 de superficie distribuidos en 45 edificios de dos plantas sobre rasante y una bajo rasante, con un total de 1.012 viviendas, 228 locales comerciales y 2.559 plazas de garaje, con un presupuesto total de 69.347.587 euros.

“En el momento en que se presentó la solicitud de licencia de obra el PGOU de Yaiza de 1973 calificaba el suelo afectado como suelo de reserva urbana” y “dicha pieza de suelo era suelo urbanizable no sectorizado, por lo que el proyecto presentado era contrario al ordenamiento jurídico”, señalan ambos escritos de acusación.

Tras la concesión de esa licencia, el Cabildo recurrió y logró que el Juzgado ordenara la paralización cautelar de las obras. La licencia fue anulada finalmente hace dos años por los tribunales.

Esa decisión del Cabildo dio lugar a que Lleó intentara sobornar al entonces consejero del Cabildo, Carlos Espino (PSOE), que también había denunciado los hechos por la vía penal. Lleó le pedía que desbloqueara los problemas que ponía el Cabildo. Espino denunció ante la UCO y se inició así el caso Unión, que después diversificó sus investigaciones. Lleó ya fue condenado a 18 meses de cárcel por este intento de soborno, tras admitir los hechos.

Acusación

Reyes concedió dos licencias para Costa Roja, una en diciembre de 2006 y otra en junio de 2007, cuando estaba como alcalde en funciones y cuando ya se había parado la obra y se conocían dos informes del Cabildo que eran contrarios a la concesión de la licencia.

Carlos Espino, denunciante del caso.

El intento de soborno de Lleó a Espino para que desbloqueara la urbanización derivó en la denuncia del socialista a la UCO y en el inicio del caso Unión

La acusación, además, apunta que el exalcalde concedió licencia de segregación de esa parcela meses antes, en noviembre, en connivencia con Vicente Bartolomé y Antonio Lorenzo, que informaron a favor de la segregación sin exigir el cumplimiento de los deberes y cargas de urbanización y sin ordenación pormenorizada vigente “y ello a pesar de constar informe de Alfredo Morales Armas que califica el suelo como rústico”.

Eso favoreció la concesión de la licencia de obra. Después, “el conocimiento público y la alarma social que provocó la autorización de un proyecto a toda luces sobre dimensionado por parte de los acusados hizo que entre los meses de febrero y abril de 2007 el Cabildo Insular de Lanzarote convocara reuniones con los representantes municipales y presentase numerosos escritos a dicha corporación municipal advirtiendo de la ilegalidad de la pretendida actuación”, señala la acusación particular.

El Cabildo advirtió de las acciones legales que iba a tomar mientras que “los acusados, de común acuerdo, hicieron caso omiso a dichas advertencias y, no satisfechos con su ilícito proceder en el expediente de obra mayor, repitieron el modus operandi en el expediente de ejecución obviando las más elementales normas procedimentales administrativas”, señala la acusación que pide por este motivo que la prevaricación se considere como continuada.

Convenio municipal

Por otra parte, el suelo de Costa Roja, a pesar de estar anulada la licencia y de estar dentro de un procedimiento penal, pasó a formar parte del nuevo Plan General de Yaiza y se podrá desarrollar una actuación urbanística gracias a un convenio firmado en 2014 entre el promotor y el Ayuntamiento por el que se recalifica el suelo.

Luis Lleó, condenado en el caso Unión.

Luis Lleó ya fue condenado a 18 meses de cárcel por el intento de soborno, tras admitirlo ante la Audiencia tras años tratando de torpedear la investigación

En el convenio se permiten usos como el hotelero y el comercial y se da vía libre a un hotel, con categoría mínima de cuatro estrellas, cuatro plantas y  500 plazas, que deberá estar vinculado a un equipamiento “deportivo o recreativo”. El año pasado ya se presentó el borrador del plan parcial y se iniciaron los trámites administrativos para impulsar el proyecto.

Además, Lleó recurrió ante los tribunales contra el Ayuntamiento para que le devolvieran el importe de la licencia, que ascendía a dos millones de euros. El TSJC le dio la razón aunque rebajó los intereses porque la licencia no fue siempre un ingreso indebido por parte del Ayuntamiento sino que fue un ingreso debido mientras se mantuvo la validez de la licencia y hasta que dejó de ser válida.

Otra pieza y una anulación

En este procedimiento penal de Costa Roja se archivó la causa contra Lleó porque el Juzgado no consideró que estuviera acreditado el delito de cohecho para la obtención de la licencia. También se empezó a investigar el pago por parte del Ayuntamiento de Yaiza a un prestigioso jurista, Tafael Entrena Cuesta, que elaboró un informe para justificar que la licencia a la sociedad Costa Roja era legal.

El suelo de Costa Roja estaba considerado de reserva urbana pero en el nuevo Plan General de Yaiza se permite el uso hotelero y comercial

Debido al registro en las oficinas de Lleó tras su detención en Unión, y al análisis de sus correos electrónicos, la UCO realizó un informe en el que se aportaban pruebas de que, a pesar de que lo pagó el Ayuntamiento de Yaiza con un coste de 27.000 euros, fue Lleó quien habría encargado el dictamen jurídico al catedrático.

El empresario orientaba al catedrático para prestar la hoja de encargo del dictamen. “Me piden que me la hagas llegar firmada y el Ayuntamiento nos la sella y firma el alcalde, donde ponemos objeto del dictamen, plazo y precio”, le decía en un correo electrónico. La finalidad del informe estaba clara: “blindar el alcalde respecto al proceso penal, al tener un soporte jurídico sólido”, en palabras de Lleó.

La Fiscalía solo pide inhabilitación para el exalcalde, el exsecretario y el exjefe de la Oficina Técnica de Yaiza 

Por esas pruebas aparecidas en la causa se imputó tanto al abogado Felipe Fernández Camero como a Rafael Entrena Cuesta, y de nuevo al propio Lleó, además de sumar los delitos de fraude a la administración y malversación de caudales públicos para Reyes.

Sin embargo toda esta parte se archivó porque la Audiencia anuló la orden de entrada y registro en las oficinas de Luis Lleó y con ella decayeron todas las pruebas obtenidas en su registro. En cualquier caso, el Juzgado, en 2015, ordenó hacer una pieza separada sobre esa investigación tras solicitar al Ayuntamiento el expediente sobre ese dictamen, para comprobar si se encargó de forma correcta, pero esa pieza tampoco ha avanzado.