La Comisión de Ordenación del Territorio y Medioambiente de Canarias (Cotmac) dejará de dar la aprobación definitiva a las iniciativas urbanísticas promovidas por ayuntamientos y cabildos, que tendrán la última palabra en esta materia con la nueva Ley del Suelo.

La nueva ley canaria, con más de 400 artículos, elimina la aprobación provisional de los planes urbanísticos, que hasta ahora acordaba la Cotmac, que tampoco seguirá acordando aprobaciones definitivas.

Este órgano elaborará un único informe sobre todos los ámbitos a los que afecte cada iniciativa urbanística, documento que remitirá a ayuntamientos y cabildos para que lo tengan en cuenta a la hora de acordar las aprobaciones definitivas.

El presidente del Gobierno, Fernando Clavijo (CC), ha estimado que la Cotmac no tiene por qué hacer informes de legalidad porque para eso están los juzgados, de ahí que haya apelado a la responsabilidad última que tendrá, en este sentido, las corporaciones locales e insulares.

El presidente ha asegurado que la futura norma no supondrá una regresión de decisiones estructurales, por lo que no se tocarán los espacios naturales protegidos, se tenderá a la contención en el consumo de suelo rústico, permitiéndose viviendas rurales solo en asentamientos, a que el suelo urbanizable esté contiguo al urbano y a prohibir la clasificación de nuevo suelo turístico.

El presidente presentó el anteproyecto de reforma de la Ley del Suelo que ha aprobado este lunes el Consejo de Gobierno, una norma que sustituirá a las leyes del Territorio y de Armonización y Simplificación, además de a las Directrices de Ordenación, pero no regulará sobre turismo, patrimonio histórico, comercio, actividades clasificadas o vivienda.

Los ámbitos sobre los que operará esta ley serán el medioambiental, el urbanístico y el del territorio, ha recalcado Clavijo, quien ha explicado que el objetivo de la futura norma será combatir la "maraña administrativa" que obliga a hacer adaptaciones sucesivas del planeamiento.

En adelante, se invertirá el espíritu que prohíbe todo lo que no esté contenido en un plan, sino que será al revés, ya que el fin último es acabar con los procedimientos “interminables” que hacen que el plazo medio de aprobación de un plan general de ordenación se sitúe en Canarias en los 12 años, ha destacado el presidente.

Clavijo ha destacado que la futura ley también persigue que se deje de usar un procedimiento extraordinario, como es la suspensión del planeamiento, como "modus operandi habitual" y que sigan aflorando leyes específicas, como los planes de modernización y mejora turística, que permiten saltarse todo el planeamiento existente.

El presidente del Gobierno canario ha subrayado que en Canarias hay 54 millones de metros cuadrados de suelo urbanizable -que Grafcan sitúa en 100 millones- y ha estimado que será suficiente para los próximos veinte años.

Por su parte, la consejera regional de Política Territorial, Nieves Lady Barreto (CC), ha subrayado que, para primar al sector primario, en adelante se considerará suelo rústico todo el que no esté clasificado, al tiempo que ha anunciado que la nueva ley "compensará por conservar suelos con valores ambientales".

Claves de la nueva Ley del Suelo

MARAÑA. Según la posición del actual Gobierno, Canarias sufre una “maraña normativa en la materia, con tres leyes reguladoras vigentes, multitud de planes y fronteras confusas en la atribución de responsabilidades entre administraciones, un aspecto que la nueva normativa pretende abordar y resolver”.

RIGIDEZ. “Las consecuencias de la actual realidad son, según el criterio expuesto por los expertos, la rigidez en el planeamiento; con procedimientos interminables y en muchos casos infructuosos; la tensión entre administraciones en el ejercicio de sus funciones; y, como consecuencia de lo anterior, una carga injustificada sobre empresas y ciudadanos en materia de ordenación del territorio”.

REVISIÓN. “Ante esta evidencia, que ha provocado la adopción de vías de escape, pero no de soluciones, en diversas instancias de la Administración, el Gobierno de Canarias plantea una revisión profunda de los procedimientos en la toma de decisiones sobre el territorio apto de las Islas, porque la nueva norma deja muy claro el principio de no regresión en las decisiones estructurales sobre el suelo disponible”.

SIMPLIFICAR. “Los principios de la reforma atienden, pues, al desarrollo sostenible como objetivo en todas sus nuevas dimensiones: movilidad, eficiencia energética, conservación del paisaje y lucha contra el cambio climático. Y, desde este principio irrenunciable, la nueva Ley del Suelo se propone simplificar, racionalizar y actualizar la toma de decisiones administrativas sobre el territorio, con el fin último de flexibilizar el uso del suelo apto para ser desarrollado o renovado, por un lado, y proteger los suelos valiosos”.