Desde el año 2010 el Ayuntamiento de Arrecife ha logrado sentencias favorables en los tribunales en pleitos en los que se jugaba el pago de 311 millones de euros. Son 45 sentencias, de las cuales 27 tienen que ver con procedimientos urbanísticos sobre suelos por los que los propietarios solicitaban una indemnización. Esa es la cantidad mayor, que corresponde a la petición de unos 283 millones. En otros 18 pleitos, distintas empresas e instituciones pedían 28 millones más por circunstancias muy diversas.

El grueso de las reclamaciones pertenece a una sola sociedad, Parque de la Vega, que pedía 197 millones. Esa sociedad había comprado una serie de terrenos en Arrecife en el año 2006 por más de seis millones de euros. Un año después, el avance del Plan General, que después se archiva, recalifica los terrenos, que son, entre otros, la Plaza Simón Bolívar, la parcela del Instituto César Manrique, el Parque de tráfico o varias parcelas que se contemplaron como sistemas generales junto a la Vía Medular. La sociedad lleva a los tribunales, en nueve pleitos distintos, el acuerdo de diciembre de 2010 en el que no se admite la petición de justiprecio y el Ayuntamiento acaba ganando.

Otros propietarios también solicitan, vía tribunales, el precio que debía pagar el Ayuntamiento por la ocupación de los colegios Adolfo Topham, Los Geranios o Mercedes Medina, por los que se pedían casi 20 millones de euros.

También hay reclamaciones por unos terrenos en el Charco de San Ginés, por los espacios libres en las calles La Porra, Argentina y Portugal; por suelos en San Francisco Javier, junto al cementerio o el más reciente: ocho millones de euros por terrenos en Argana Alta destinados a calles y zonas verdes que el promotor pretendía cobrar, y otro más por la misma cantidad por un sistema general deportivo en Valterra, enfrente de la Comisaría.

La mayoría de esas reclamaciones aparecen porque el Plan General de Arrecife de 1997 decidió ocupar esos suelos para dotaciones por el sistema de adscripción. Es decir, que no es que se expropiase sin más sin pagar, sino que el aprovechamiento urbanístico que les correspondía a los propietarios lo debían obtener en otros suelos una vez que estos se desarrollasen.

Los suelos no se desarrollaron y todos pedían una indemnización. La cuestión es que, ahora, con la redacción del nuevo Plan General de Ordenación (PGO), se están negociando convenios sobre suelos en los que ya se ha ganado el pleito, como en el último caso de Valterra.

Otros pleitos

En otro plano están seis reclamaciones que hizo la empresa Urbaser, una de las principales implicadas en el caso Unión, discutiendo las cantidades, que sumaban más de 12 millones, que le correspondía cobrar por gestionar la limpieza municipal entre 2009 y 2011.

Y hay doce pleitos más. Uno es de reclamación de responsabilidad patrimonial por no poder ejecutar el plan parcial de Los Mármoles (que pedía diez millones); otra reclamación de la empresa propietaria del Aparcamiento Parque Islas Canarias (3,2 millones); medio millón más que pedía la empresa encargada de retirar los vehículos en la extinta zona azul; y otro tanto que creía que le pertenecía la empresa que quedó segunda en el concurso de alumbrado de una carretera.

Alrededor de medio millón de euros reclamaba Endesa por el IBI de la central de Punta Grande; un millón pedía el Registro de Tías porque el Ayuntamiento se negó a inscribir un embargo de bienes fuera del municipio; un cuarto de millón más que exigía la empresa que gestionaba el bar del Parque temático y dos casos contra la Administración.

Uno de ellos que puso la Agencia de protección del medio urbano y natural y otro del Gobierno de Canarias por la devolución de las cantidades compensadas por el Ayuntamiento por el IBI, que suponían otros 420.000 euros.