El abogado contratado por el Ayuntamiento de Arrecife como acusación particular en el caso Montecarlo ha recurrido el archivo de la imputación del actual tesorero, Antonio Cabrera Panasco, después de que el juez instructor decidiera el archivo libre de su imputación en una de las piezas del caso Montecarlo.

El Ayuntamiento solicita que no se declare el archivo libre sino que sea un archivo provisional, argumentado que el perito que elaboró el dictamen en el que se basó la defensa del alcalde José Montelongo para solicitar la imputación del tesorero no ha ratificado su dictamen en esta pieza a través de una declaración en sede judicial.

El archivo libre significa que la conducta, en este caso del tesorero, no sería delictiva, mientras que si el archivo es provisional significa que puede haber existir delito pero que hay que determinar quién es el responsable de ese delito. El archivo provisional permitiría en un futuro la imputación de otro tesorero o incluso del propio García Panasco.

Es el primer recurso que presenta la representación del Ayuntamiento en este caso. De hecho, la Fiscalía solicitó al Ayuntamiento que aclarara qué tipo acciones ejerce y Arrecife contestó que solicita responsabilidades penales y civiles, aunque hasta ahora no había presentado ni recursos ni otro tipo de instancias, ni había asistido a las declaraciones de los imputados o testigos.

Archivo ante la “ausencia de indicios”

El juez Ricardo Fiestras acordó el 12 de enero sobreseimiento de la causa contra el tesorero, que había solicitado también la Fiscalía el pasado mes de septiembre al considerar que no aparecía “debidamente justificada la perpetración de los delitos” por los que se imputó al funcionario.

En la resolución judicial se recalca que al citado tesorero de Arrecife “no solo se le tomó declaración una vez” sino en dos ocasiones, en las que dio explicaciones “a todas las partes presentes” y aportó pruebas documentales, por lo que considera que “se consolida la ausencia de indicios de infracción penal en su actuación”.

“No es dicho tesorero”, subraya el juez Ricardo Fiestras, “de los tres que actuaron con respecto a Inelcon y Señalcon”, dos de las empresas investigadas en el caso Montecarlo, “el que pudiera ser sospechoso de facilitar pagos irregulares” a las citadas compañías.

“Negativa por escrito a efectuar pagos”

“Además”, agrega el instructor del caso Montecarlo, “cuando ha tenido datos, ha manifestado” a los entonces concejal de Hacienda y alcalde “su desacuerdo con las decisiones de aquellos”. El juez cita en concreto la “negativa por escrito a efectuar pagos al margen del orden de prelación legalmente establecido ante la carencia de Plan de Disposición de Fondos”.

“Y cuando ha tenido dudas”, concluye el juez sobre Cabrera Panasco, “lo ha manifestado de forma expresa y reiterada”, como “en el expediente para el préstamo ICO (Instituto de Crédito Oficial) del año 2011”.