En enero del año 2006, el ciudadano irlandés Desmond M.W., entregó a la representante de la agencia inmobiliaria y de intermediación 'The Property Warehouse', Teresa Pérez Reyes, 3.750 euros para que se hiciera cargo de pagar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales de un apartamento que tenía en la calle Arpón de Puerto del Carmen. Cinco años más tarde entregó a la misma persona otros 600 euros para abonar el Impuesto de Bienes Inmuebles y la basura de los años 2009 y 2010, pero poco después el Ayuntamiento de Tías le reclamó el pago de ambos impuestos.

Algo similar les ocurrió a Sean y a Paul, también irlandeses, y que a pesar de que habían entregado a la misma persona y en fechas similares algo menos de 300 euros para abobar la tasa de la basura, el Ayuntamiento les reclamó después el pago porque no constaba que se hubiera abonado esa tasa. Ese impuesto correspondía a un apartamento en el Club Valena, en Matagorda, que ambos habían comprado en junio de 2008 por 95.000 euros.

Para pagarlo solicitaron un crédito a la UCI del Banco Santander, pero como los intereses eran muy altos, solicitaron otro crédito más en Irlanda. Para la primera amortización entregaron 20.000 euros a Teresa Pérez Reyes, para que, a su vez, los ingresara en la cuenta de la UCI. Incluso recibieron un correo electrónico desde la dirección fernando@uci.com en el que se les confirmaba el ingreso, pero pasaron los años y la cantidad que adeudaban del préstamo no decrecía.

Una agente inmobiliaria de Puerto del Carmen se enfrenta a la petición de diez años de cárcel

Para la Fiscalía el misterio es sencillo de resolver. Pérez Reyes se quedaba con el dinero de sus clientes. Estos son sólo dos de los 21 casos que relata la fiscal Laura Ordás en el escrito de calificación de un caso en el que solicita una pena de más de diez años de prisión para esta persona, que ejercía como representante de esa inmobiliaria y de otras agencias como Lanzarote Holiday Properties o Levett Seventyseven, todas ella domiciliadas en la Avenida de las playas de Puerto del Carmen. Se le acusa de apropiación indebida, estafa y falsedad en documento público.

Según la Fiscalía, Pérez Reyes se quedó con distintas cantidades de dinero que le entregaron algunos de sus clientes, en su mayoría irlandeses, pero también ingleses o españoles, para que pagara diversos impuestos o hiciera algunas gestiones inmobiliarias, ya que ellos vivían fuera de Lanzarote. Los hechos que se relatan ocurrieron entre 2006 y 2011, y todo está listo ya para que se celebre el juicio, en el que declararán hasta 36 testigos. La Fiscalía solicita diez años de cárcel, una multa de casi 10.000 euros y la devolución de todas las cantidades de las que habría apropiado esta persona, que ascienden a más de 600.000 euros.

La Fiscalía le acusa de estafar a más de veinte personas y apropiarse de casi 600.000 euros

Pérez Reyes llevó a cabo sus presuntas estafas con métodos bien distintos. Otro de ellos habría consistido en convencer a una pareja de amigos de que había firmado un contrato con una sociedad que administraba un complejo de apartamentos en Matagorda por el que podía renovar y alquilar esos apartamentos. Estas dos personas le entregaron 50.000 euros pero no recibieron ningún beneficio porque el contrato no se había producido.

En otros casos infló en más de 80.000 euros el precio de compra de un apartamento y en otros tantos se quedó con varias cantidades en una compraventa de inmuebles que iban destinadas a pagar los gastos de Notaría, Registro o los impuestos de transmisión patrimonial, y también se quedó con dinero destinado a la compra de mobiliario. Otra de las modalidades que utilizó fue la de quedarse con el dinero que generaba el alquiler de apartamentos que ella misma gestionaba.

El dinero se lo entregaban sus clientes para diversos gastos de los apartamentos

De esta forma, aunque los apartamentos se alquilaban, los propietarios nunca se beneficiaban de esa circunstancia. En otra ocasión ejerció como intermediaria de la compra de un apartamento que pertenecía a un matrimonio británico y que había decidido comprar una pareja del País Vasco. Esta pareja entregó a Teresa más de 60.000 euros que nunca llegaron a su destino.

 Ocho meses después se enteraron de que ni siquiera se había hecho el contrato, por lo que el piso no era suyo, pero el dinero había desaparecido. Este mismo modus operandi lo realizó en varias ocasiones y también llegó a utilizar el poder que le otorgaron algunos clientes para operar con sus cuentas para hacer transferencias no autorizadas en su propio beneficio.