- El Cabildo de Lanzarote aprobó tarde, en julio, el presupuesto de este año. ¿Qué grado de ejecución de las inversiones se va a cumplir?

- En 2016, efectivamente, se va a ejecutar solo una parte de lo que se ha planteado, pero eso no supone la pérdida o inejecución de inversiones. De los tres planes insulares de inversión presentados en los últimos años, con casi 370 obras y unos 111 millones de euros, se ha ejecutado o está en ejecución un 80 por ciento. Si a eso le sumamos los 32 proyectos de 2016, unos 42 millones más, en cuatro años serán unos 400 proyectos y algo más de 150 millones, casi todo con fondos propios.

- ¿Entiende las críticas lanzadas por la patronal de la Isla por el nivel de ejecución de los proyectos?

- Se entiende una parte de la crítica. Hay retraso en ciertas inversiones, pero lo que no comparto es que se diga es una mera declaración de intenciones para sacarse una foto con los alcaldes, porque no es cierto y se falta al respeto a todo el trabajo que hay detrás. Casi todas las obras que se están haciendo en la Isla son con fondos del Cabildo. Necesitamos fortalecer la sala de máquinas de la institución: contratación, hacienda, promoción económica y la oficina técnica. Hemos puesto un millón de euros para contratar proyectos, pero no es suficiente.

- Hace unos meses, el presidente Fernando Clavijo presentó en Lanzarote las líneas maestras del Plan de Desarrollo a financiar con los fondos del IGTE. ¿Van a llegar finalmente?

- Si se materializa ese fondo de desarrollo supondrá un salto impensable que nos permitirá abordar cuestiones a las que no podríamos haber hecho frente, como el saneamiento de todos los núcleos costeros de la Isla, poderosas inversiones en renovables, en recogida de aguas pluviales, en zonas comerciales abiertas, que el Cabildo pueda destinar recursos para barrios, potentes planes de empleo y de embellecimiento, que es la gran asignatura pendiente porque no podemos ser autocomplacientes: están muy mal muchas carreteras, muchas zonas de interior y todavía quedan muchos vertederos. En 2016 solo podremos presentar facturas de proyectos ya ejecutados, pero para los próximos años se presentará un listado de proyectos, fruto de un proceso muy participado con ayuntamientos, patronales y grupos políticos, que suman unos 300 millones para 11 años. Al menos, aspiramos a recibir 20 millones al año.

“En cuatro años los planes insulares de inversión han supuesto 400 proyectos y 150 millones”

- ¿Y el Palacio de Congresos, que se ha reivindicado desde la Isla cada vez que se acerca la elaboración de los presupuestos de la comunidad autónoma?

- El presidente (Fernando Clavijo) ya sabe que no tendrá respaldo presupuestario si esa prioridad para Lanzarote no está. En 2017 debe haber una pequeña partida para empezar. Es una de las condiciones que hemos puesto, porque es uno de los proyectos sobre los que hay unanimidad entre todas las fuerzas políticas. Ahora bien, en el corto plazo tenemos que resolver cuestiones urbanísticas para que sea una realidad. En su momento se inició la modificación del planeamiento de la parcela destinada al Palacio de Congresos y el Gobierno la paralizó porque iba a ser inminente la aprobación del Plan General de Arrecife. Le he preguntado al concejal de Urbanismo si tiene expectativas de que el Plan se apruebe en seis o siete meses, porque si no hay que reactivar la modificación puntual. En una situación parecida está el Vivero musical.

- ¿Qué plazos se marca el Cabildo para aprobar el Plan Insular de Ordenación (PIO)?

- Se ha prorrogado 20 meses el contrato con el redactor, José María Ezquiaga, y en ese tiempo se supone que debiera estar terminado su trabajo, tras incorporar contenidos sectoriales que antes no eran obligatorios y contar con la participación de las nuevas fuerzas políticas. Creo que el PIO está altísimamente consensuado y actualizado. Ezquiaga destaca en su análisis que había muchas diferencias escénicas, pero que realmente había consenso sobre lo que la Isla quería, y que el crecimiento en camas no es el objetivo.

“En 2017 debe haber una partida para empezar el proyecto del Palacio de Congresos”

- El planeamiento del Archipiélago Chinijo está anulado aunque la sentencia no es firme y el de La Geria está pendiente de los tribunales. La competencia en planeamiento antes era del Gobierno y ahora del Cabildo. ¿Qué van a hacer?

- El Cabildo ha encomendado a la empresa Gesplan un nuevo Plan Rector de Uso y Gestión del Archipiélago Chinijo, con la ordenación de los recursos naturales. Está previsto dar respuesta a la oferta alojativa de La Graciosa, donde hay muchas camas turísticas y muy pocas regularizadas. Y debe dar respuesta a muchos problemas de convivencia de un espacio natural pero ocupado por el hombre que no se tuvieron en consideración, pero no se podrá atender a todo lo que se pretende. Creo que el límite debiera ser lo que existe hoy. Ya hay demasiada presión sobre La Graciosa, tanto de visitantes como de vehículos, especialmente de vehículos, por encima de su capacidad de carga. En cuanto a La Geria, hemos barajado encomendar un nuevo Plan Especial porque tenemos fundados temores de que vaya a ser tumbado. Pero mientras está vigente es de plena aplicación, le guste o no a determinados técnicos que lo han cuestionado.

- Ha comenzado el debate sobre la Ley del Suelo y el Cabildo de Lanzarote es de los pocos que no presentó sugerencias al anteproyecto. ¿Cuál es la posición del Cabildo?

- El único acuerdo formal del Cabildo fue una declaración de intenciones para que la aprobación de la ley fuera un proceso participativo y que se pidieran informes al Gabinete científico de la Reserva de Biosfera para que hubiese un debate en ese órgano. Debate que habrá, lo que no hay es informe ni sabemos si se presentará. He tenido reuniones con el Gabinete y no hay unanimidad en cuanto al posicionamiento. En cuanto a la posición del PSOE, no ha dejado de ser ambigua en la medida en que su secretaria general en Lanzarote ha sido bastante crítica y, no en vano, es la presidenta del grupo parlamentario. Eso lo tendrán que resolver ellos. En el Parlamento puse algunos ‘peros’ a la ley. Por ejemplo, el aspecto que más me preocupa es que en los usos complementarios en suelo rústico se establece un porcentaje sobre la superficie de la finca, pero falta un límite máximo de metros cuadrados. En cuanto a la gestión, la preocupación es financiera. Me preocupa la posible responsabilidad patrimonial en que pudiera incurrir el Cabildo por asistencia a los ayuntamientos o por el propio planeamiento que aprobará de forma definitiva la Corporación insular, en un ámbito tan judicializado en el que se reclaman indemnizaciones millonarias. Pero niego la mayor cuando algunos colocan en mayor posición de honorabilidad y honradez a los técnicos y políticos del Gobierno frente a los de un ayuntamiento o un cabildo. De manera falsa, se nos pretende atribuir una actitud depredadora.

“El límite para el Plan del Archipiélago Chinijo debiera ser lo que existe hoy, porque ya hay demasiada presión tanto de visitantes como especialmente de vehículos en La Graciosa”

- La patronal turística Asolan y varias empresas hoteleras han impugnado el Plan Hidrológico y reclaman acabar con el monopolio del agua.

- Soy presidente del Consorcio, que tiene la competencia y la exclusividad en la desalación de agua porque así lo decidió el Plan Insular de 1991 y el Plan Hidrológico de 2001. Eso no se lo inventó el grupo de gobierno ni Pedro San Ginés. En la Isla hay algo más de medio centenar de desaladoras y muy pocas tienen autorización en vigor. Algunas la tuvieron en su día y están pendientes de prórroga y otras jamás pidieron autorización. La única diferencia es que antes no se hacía cumplir la ley. Este es un mensaje para los empresarios y Asolan: Sé que vienen tiempos de conflicto que van a tener que dirimirse lamentablemente en los tribunales. La situación se puede poner más virulenta cuando empecemos a instar al Gobierno, que lo haremos, a que ejecute las clausuras allá donde creemos que debe haberlas. En otros casos trataremos de establecer una especie de moratoria, al menos para aquellas plantas que en su día tuvieron permiso. Asumo que todo esto va a terminar en los tribunales, como espero que asuman que como presidente tengo que velar por el precio del agua doméstica, de los más baratos de Canarias precisamente porque la industrial y turística es de las más caras, como fórmula de distribución. Si se rompe la exclusividad pública de la desalación, el precio del agua doméstica se multiplicaría y eso tengo que impedirlo a toda costa.

- En el Juzgado están abiertas unas diligencias, a raíz de una denuncia de Alternativa en Fiscalía, sobre la gestión de Inalsa. ¿Tiene la conciencia tranquila por su etapa como presidente del Consorcio?

- La denuncia tiene dos vertientes. Hacia atrás, sobre si hubo negligencias o no en la gestión de Inalsa, me preocupa pero personalmente menos. Sobre el acuerdo por el que se utilizaron parte de los fondos obtenidos en el concurso público de abastecimiento y depuración del agua, unos 30 millones, para pagar a los acreedores de Inalsa tras lograr una quita de nueve millones, el Juzgado ha pedido un informe a la Audiencia de Cuentas acerca de si la operación fue correcta. Al Juzgado de lo Mercantil y a la Audiencia de Cuentas se le entregó el expediente completo, incluido el informe negativo de la interventora del Consorcio y dos externos que sirvieron para levantar el reparo y que avalaban la operación. Hemos pedido un tercer informe de una catedrática, que será remitido al Juzgado y a la Audiencia de Cuentas, que destaca lo sorprendente que resulta que Inalsa llegase a esa situación económica, con una Intervención con una altísima responsabilidad por la omisión de informes obligatorios sobre un ente público, que no se hicieron. También recuerda que se trata de un caso juzgado, porque el juez validó el pago de la deuda de Inalsa después de que se le trasladase el informe negativo de Intervención, para no cometer ninguna ilegalidad. Eso me tranquiliza.

Pacto de gobierno con el PSOE

“En las próximas semanas creo que no va a ocurrir nada, ni en el Gobierno canario ni en ninguna parte. En los próximos meses, puede haber consecuencias, pero espero que no en Lanzarote. Por mi parte, no tengo ninguna intención. Mi deseo y así lo defenderé en órganos locales y nacionales de CC es que a Lanzarote se la deje como está, pase lo que pase en el Gobierno”.

Requerimientos a Montaña Roja

“Hemos requerido en dos ocasiones al promotor de Montaña Roja y otra al Ayuntamiento de Yaiza que nos aclare, tras la denuncia de un grupo de vecinos, si están cumpliendo los planes de obras en la urbanización que se firmaron en el convenio del Plan General y si se depositó el aval de casi 13 millones y no hemos recibido respuesta. Si no se entrega la urbanización, la planta desaladora, que sigue vendiendo agua de manera ilegal y a la que se han abierto nuevos expedientes, puede permanecer 'sine die' en manos del promotor”.