El ex concejal de Hacienda de Arrecife, José Miguel Rodríguez (PIL), fue el primero de los acusados en prestar declaración. La primera sesión del primer juicio del caso Unión se alargó hasta las 18.30 horas con la declaración de cuatro de los seis acusados. Este viernes declararán Dimas Martín y Francisco Rodríguez Batllori.

Rodríguez es el único que ha admitido los hechos, en su condición de “arrepentido” y el único que ha contestado a las preguntas de todos los abogados. Los otros tres acusados que han declarado: Luisa Blanco, Rafael Elorrieta y Plácida Guerra, sólo han accedido a responder a las preguntas de sus propios abogados.

José Miguel Rodríguez, que devolvió los 17.000 euros cuyo pago autorizó a Batllori como concejal, ha dicho que se muestra arrepentido de sus actuaciones como cargo público, que recibía instrucciones de Dimas Martín, destacó la insistencia de que pagara las facturas y que Batllori no hizo ningún trabajo para Arrecife. “Todos los concejales del PIL sabían que Batllori no hizo trabajados para Arrecife, se decía en las reuniones de los lunes”, dijo el ex edil.

Según Rodríguez, Dimas le instaba a que pagara a Batllori por la necesidad que tenía el ex consejero del Gobierno canario, por una enfermedad de su madre. A Batllori se lo presentó María José Docal en el Arrecife Gran Hotel y después lo vio “dos o tres veces cuando me llevaba las facturas en mano”.

Dimas le dijo que ‘mirase’ las facturas de Batllori: “O le pego dos tiros o me los pega él a mí”

Según el ex edil, se paralizaron los pagos porque el ex consejero no hizo ningún trabajo. “Le dije que Arrecife no es una ONG”, señaló. Batllori cobró 12.000 euros entre marzo y junio de 2008 y otros 5.000 entre enero y febrero de 2009.

Durante la sesión, a petición de la Fiscalía, se reprodujeron varias conversaciones telefónicas grabadas a Rodríguez y a Dimas Martín. En una de ellas, Dimas le dice que “le mire” lo de Batllori porque “o le pego dos tiros o me los pega él a mí”.

Rodríguez aseguró que no se hizo ningún tipo de contrato a Batllori y que “se pactó que iba a prestar unos servicios que no se prestaron”, y negó que hubiera llegado a un acuerdo con Fiscalía durante la instrucción del caso. El ex edil se enfrenta a un año de cárcel mientras que sus compañeros se enfrentan a penas de entre 5 y 8 años.