En la primera jornada de juicio del caso de La Bufona declararon tres propietarios de viviendas de la calle Chabusquillo, afectadas por la orden de demolición parcial. Sus casas estarían en parte de suelo rústico propiedad de la familia Murillo.

Dos de ellos lo hicieron por videoconferencia: María Rosa González, que apenas recordaba nada y tan sólo admitió que fue ella quien construyó la piscina y que no pagó el Impuesto de Bienes Inmuebles, y José Benito Layunta.

Este último afirmó que compró la vivienda a Antonio Caro en el año 2000, terminada y con el muro levantado y cerrado. Él hizo la piscina, un aseo y el jardín, pero dijo que "de los muros no tocamos nada". Aseguró que no supo nada de las denuncias y que no vio ningún problema. "Luego, a través de la Comunidad de vecinos estamos defendiendo el tema en los tribunales", señaló.

"En la Notaría me explicaron que lo que aparecía en mi escritura era menor superficie que en el terreno, pero vi que el lindero Norte era también de Brisa y que el notario (Celestino Mendizábal que tendrá que declarar el lunes que viene) tenía una propiedad exactamente igual que la mía, y había un fiscal (Miguel Pallarés, que declara este martes) y un abogado que tenían una igual", afirmó.

El testigo añadió: "No vi nada anormal, me dijeron que era de Brisa y era para hacer un jardín". Señaló que firmó en julio de 2000 y no le dijeron que no podía construir en esa parte.

Uno de los propietarios reconoce que en la Notaría le dijeron que en la escritura aparecía menos superficie que la que había en el terreno

La otra propietaria, Fe Fábregas, afirmó que no sabía que compraba menos superficie cuando le entregaron su casa en mayo de 2000. "No había problemas, todo estaba vallado, amurallado, con la cédula de habitabilidad, estaba el hueco de la piscina", señaló. La piscina la mandó construir ella, y aseguró que se enteró de los problemas por los medios de comunicación y después puso todo en manos de su abogada porque le estaba "afectando el machaque de la prensa".

No obstante, acudió al Registro y comprobó que el lindero Norte también era de Brisa Inversiones, y por eso, cuando tuvo una reunión con otros propietarios más y la familia, Murillo, le pareció que lo que decía la familia, de que el terreno era suyo, le pareció una broma.

Según ella, Murillo les pidió dinero para no seguir con las denuncias. El fiscal le hizo notar que parecía que estaba acusando a Murillo de chantaje, pero ella aseguró que no era así. También le pregunto si no miró la superficie de su casa en el catastro, y dijo que no. "Si no me fío del Ayuntamiento, de quién me voy a fiar", señaló.