La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha comunicado por escrito a los representantes del colectivo 'El Guincho-Ecologistas en Acción', su decisión de mantener abierta la investigación sobre el Gobierno de España, a raíz de las autorizaciones para las prospecciones petrolíferas de Repsol en aguas próximas a Lanzarote y Fuerteventura.

La Comisión del Parlamento se reunió el pasado 28 de febrero para debatir este asunto ante los intentos del Gobierno de España para que la investigación se cerrara.

No obstante, ante la constatación de que, pese a los anuncios de la empresa petrolera y del Ministerio de Industria, los permisos de perforación siguen sin ser anulados, la Comisión de Peticiones decidió mantener la investigación, según indicó este jueves la organización ecologista.

Desde 'El Guincho-Ecologistas en Acción' recuerdan que ya en enero de 2014 el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo “debatió diversas peticiones presentadas por diferentes ciudadanos en relación con los proyectos de perforaciones en busca de hidrocarburos en Canarias”.

Los ciudadanos han aportado desde entonces distintos informes científicos que alertaban de que estas actividades mineras “se autorizaron en un área de alta sensibilidad ecológica”. “Su protección debería estar asegurada a través del Lugar de Interés Comunitario del Oriente y Sur de Fuerteventura y Lanzarote”, recalca El Guincho.

Los ecologistas denuncian que “la tramitación de la protección de esta área marina fue retrasada por las autoridades españolas” y que “se incumplieron los plazos de la Comisión Europea y se recortaron los límites recomendados por los expertos, para así dejar fuera las áreas petrolíferas”.

En la sesión de enero de 2014 el Comité de Peticiones también observó cómo el Estado español prosiguió adelante con estos planes mineros “desoyendo la oposición de todas las instituciones locales canarias, la opinión de la comunidad científica internacional y el rechazo masivo de la población isleña manifestado en sucesivas protestas ciudadanas”.

“Ante este cúmulo de despropósitos, el Comité de Peticiones acordó abrir una investigación para escuchar a la ciudadanía de las islas y sus instituciones”, subraya la organización ecologista, que resalta que “durante el tiempo transcurrido desde entonces, el Gobierno de España no sólo no ha anulado formalmente las autorizaciones concedidas a Repsol, como ahora constata el Parlamento Europeo”.